Galicia. Años noventa. La sospecha se instala en instituciones públicas cuyos titulares alardean de su capacidad para enchufar a gogó y que convierten el constitucional derecho al trabajo en una mercancía electoral subastada a golpe de trombón. Los que tienen la obligación de censurar y apartar a los mangoneadores les ríen las gracias y confían en ellos para garantizarse respaldos políticos. Los medios de comunicación se quedan solos en su obligación de denunciar porquerías que solo de forma anecdótica llegan a los juzgados, lo que consolida la sensación de que el nepotismo no es una excrecencia del sistema sino algo consustancial al mismo y, como tal, inevitable. Los procesos de selección son muchas veces una monumental charada con apariencia de legalidad en los que no se garantiza el anonimato de los aspirantes ni la independencia de los tribunales. Todos lo saben pero nadie hace nada.
Galicia. Año 2014. Una operación judicial permite a los ciudadanos escuchar al fin cómo se enchufa. Comprobar que es una práctica tan habitual como sospechaban. Esperaban escarnio y disculpas, pero a cambio reciben una insólita defensa del enchufismo por razones humanitarias y la generalizada teoría de que no es para tanto. Ni un paso adelante contundente y definitivo. Ni un compromiso público de los partidos para desterrar para siempre una práctica que dinamita la meritocracia y la cultura del esfuerzo, instala la sospecha en las Administraciones, expulsa del sistema a los mejores y nos convierte en una sociedad mediocre que, al parecer, algunos consideran que es la que nos merecemos. Otros creemos que un mundo un poco mejor es posible.