Si la impresión de este cronista no es errónea, existe un cierto alborozo por la situación judicial de la infanta Cristina de Borbón. De ese alborozo participan incluso algunos de los escritores vecinos de estas páginas. Como parece natural, les sorprendió la descripción que el juez Castro hizo del manejo del dinero de la sociedad que copreside con su marido. Encuentran razones sobradas para su imputación, como gran parte de los españoles. Y, en consecuencia, celebran que un juez haya demostrado que a base de valentía y profesionalidad (y un poco de obsesión, añado yo) se puede conseguir que la justicia sea igual para todos. Al menos, en su ámbito de competencia.
En medio de ese estado de opinión que no tengo inconveniente en compartir, se produjo un nuevo escrito del fiscal Horrach, que no tiene finalidad procesal, sino de opinión pública y de censura al juez Castro. Es un escrito suelto y duro en la forma, que en Mallorca los funcionarios de Justicia no se andan con eufemismos a la hora de redactar. Es polémico, porque no es frecuente ver a fiscales tan comprometidos con la defensa de un imputado. Y no es inútil, porque dice algo de sentido común en lo que el juez ha estado de acuerdo: tienen que declarar los inspectores que han librado a la infanta de delito contra la hacienda pública. Si, según las cuentas de Horrach, es imposible que se hayan defraudado más de 120.000 euros al año, ¿por qué el juez le atribuye delito, si no llega al mínimo que exige la ley?
El señor Horrach le otorga a la infanta el beneficio de la duda. Al hacerlo, descalifica al juez, en una suerte de acusación de contumacia, le atribuye nada menos que una instrucción basada en la teoría conspiratoria y pretende (otra cosa es que lo consiga) poner en cuestión el razonamiento de sus famosos 227 folios. Batalla de altura jurídica y de gran intensidad personal. Lucha entre dos obsesiones: la de imponerse a la voluntad política de defender a la infanta y la de librarla incluso de toda sospecha, como si el fiscal fuese el defensor.
Lo que este cronista plantea es: si la instrucción del juez es tan deficiente; si las imputaciones a la infanta responden a teoría conspirativa; si en el auto de imputación hay tanta suposición como pruebas, ¿por qué no se recurre? ¿Por qué ese acuerdo para no presentar recurso, si al no hacerlo cargan de razón al juez?
Solo hay dos explicaciones: o intuición de que la Audiencia de Palma rechazaría esos recursos, o miedo. ¿Miedo a qué? Sobre todo, a la situación endiablada: si el recurso se pierde, condena popular adelantada; pero si se gana, torrente de acusaciones de privilegio. Y esas acusaciones son las que más irritan a este país. Ni la familia real se libra de la presión popular.