Celia Villalobos, exministra de Sanidad y vicepresidenta del Congreso, le ha pedido a Mariano Rajoy libertad de voto. No es la primera vez que la ejerce. Ni es la primera persona con asiento en el Congreso que lo hace. Fue sonado el rechazo de Nicolás Redondo, por entonces parlamentario del PSOE y secretario general de UGT, a una de las reformas laborales de Felipe González. Y también lo hizo el exalcalde de León y senador popular cuando, en contra de la consigna de su partido, apoyó el plan del carbón de Zapatero.
¿Puede haber algo más paradójico en una democracia que pedir libertad de voto? ¿Acaso son los políticos rehenes perpetuos de las siglas bajo cuyo paraguas se presentan a las elecciones? Pues así parece, porque la disciplina de voto invade incluso lo que Celia Villalobos llama la moral privada de unos individuos que, por lo visto, están bastante habituados a tragar todo cuanto sapo les pongan sobre la mesa. Muchas veces por interés propio, no nos engañemos, porque mantener el cargo tiene sus servidumbres.
La democracia española y sus reglas de juego se urdieron con la intención de garantizar la gobernabilidad de un país que salía de una dictadura y en el que los partidos estaban llamados a jugar un papel clave de estabilidad. En ese contexto se justificaban las llamadas a la disciplina de voto. Pero ni España es hoy la de 1975 ni los partidos políticos son ahora el mejor ejemplo de pureza democrática en la toma de las decisiones. En todo caso, si hay alguna cuestión en la que el criterio personal más íntimo está por encima de la postura de una organización es la decisión sobre el aborto. A favor y en contra.