La imputación de la infanta Cristina es el resultado de la obsesión de un juez; del juez instructor José Castro. Sin su empeño particular por desentrañar los movimientos financieros del Instituto Nóos y de la sociedad Aizoon, la imputación sería imposible. Esto que acabo de decir no es un criterio personal. Es una evidencia después de que el fiscal del caso, la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria, el fiscal general del Estado y, por supuesto, la defensa de la infanta hayan argumentado todo lo argumentable para proclamar su inocencia. Nunca un juez vio tan enfrentada su instrucción a tantos y tan importantes criterios adversos. Si su decisión final sirve para proclamar la independencia judicial y hacer valer el principio de igualdad ante la ley, todos los honores para ese magistrado. Si se queda en una pura obsesión, será él mismo quien se descalifique.
En principio, y a la espera del contenido de los recursos que se van a presentar, su argumentación parece poco rebatible. Aunque nos duela decirlo por el dolorosísimo e inmerecido trance que están pasando los padres de la infanta, el auto está cargado de motivos para pedir al menos una explicación. Aunque haya muchas suposiciones y mucha atribución de intenciones en los 227 folios del largo argumentario de su señoría, y aunque las suposiciones no sirvan para sentar a nadie en el banquillo, es evidente que doña Cristina está en la obligación de aclarar el manejo de fondos de su sociedad. Sobre todo, por ser quien es. Como dice el auto, la relevancia pública de la infanta la obliga a la mayor ejemplaridad. Y la ejemplaridad en su rango institucional empieza por la transparencia. El mayor perjuicio que se puede causar a la Corona es alentar la sospecha de que se cobijan o toleran irregularidades en el seno de la familia real. Si han existido, la ley contra ellos. Si no han existido, tampoco deben quedar dudas en la opinión.
Por tanto, y desde la lealtad a la institución, digo: se ha llegado a un punto crucial, dramático, en la investigación de las andanzas de Urdangarin. Ahora se trata de evitar que el daño causado por este señor y la todavía presunta implicación de su esposa no causen más perjuicios a la monarquía ni a la nación. Toda solución ya es mala, tanto la imputación como su hipotético levantamiento por la Audiencia de Palma. Pero hay algo que se puede y se debe hacer: despejar las dudas de la sociedad. Y eso se hace declarando. Si el fiscal y la defensa de doña Cristina siguen teniendo la seguridad de su inocencia, que no recurran la imputación. Y por parte de la infanta, sería un detalle muy apreciado por la opinión pública que se prestara a declarar sin poner reparos a la investigación.