Se incide mucho, y con razón, en que Rajoy ha incumplido de cabo a rabo su programa económico: ha subido los impuestos y recortado en sanidad, educación y pensiones, traspasando las líneas rojas que él mismo se marcó. Su justificación es que se encontró las cuentas en mucho peor estado de lo que esperaba y no le quedó más remedio. De lo que se habla menos es de la vulneración manifiesta de su compromiso con lo que llamaba regeneración democrática y recuperación del crédito de las instituciones, que, en estos dos años, han sido objeto de una ocupación partidista escandalosa. El PP no solo tiene el mayor poder político de la democracia, ganado en las urnas, que le da el control absoluto del legislativo, la gran mayoría de las autonomías y ayuntamientos, sino que ha añadido el dominio del judicial y de organismos clave y en teoría independientes. Es decir, el Gobierno controla a los que deberían controlarlo. El bochornoso espectáculo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en contra de su promesa electoral de cambiar el sistema de elección, es más que significativo. Así como el nombramiento de un militante del PP como presidente del Tribunal Constitucional o de exdirigentes populares al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Estado o el Defensor del Pueblo. El último episodio es la purga de la Agencia Tributaria. La sinceridad de Montoro al justificarla porque está «llena de socialistas» habla por sí sola de la politización de una herramienta esencial del Estado. Aunque leer ahora el programa del PP- «serio y creíble», decía negro sobre blanco- sea puro masoquismo, resulta revelador y demoledor.