País peculiar donde los haya, España parece estar hoy dividida, cuando se cumple el 35 aniversario de su Constitución, entre quienes creen que es urgente reformarla y quienes opinan todo lo contrario.
Si a mí, que tengo a la Constitución por profesión, me preguntaran al respecto, no sabría qué decir y mi respuesta a bote pronto sería esa que, según una leyenda que es ya un prejuicio popular, se nos suele atribuir a los gallegos: pues depende.
Depende, sí, porque la razón que cabalmente justificaría meterse en la operación siempre compleja y arriesgada de reformar a fondo la Constitución no puede ser la memez de que tiene muchos años (la norteamericana es de 1787, la canadiense de 1867, la italiana de 1947 y la alemana de 1949) sino que la reforma es necesaria para mejorar el funcionamiento del país: ese ha sido el motivo que ha llevado a modificar, en bastantes ocasiones, todas las Constituciones anteriores. Por eso, la pregunta sobre si debe o no reformarse la Constitución solo puede plantearse en concreto, es decir, aclarando qué es lo que habría que cambiar.
Yo soy, por ejemplo, firme partidario de una reforma que mejore nuestra descentralización, estabilizando el sistema de reparto competencial, estableciendo mecanismos eficaces de cooperación política entre el Estado y las comunidades y de coordinación administrativa, suprimiendo el Senado y cerrando de una vez por todas un modelo territorial que no puede permanecer indefinidamente abierto. Pero, por los mismos motivos, soy radicalmente contrario a una reforma que estableciese un sistema autonómico asimétrico en beneficio del País Vasco y Cataluña y que atribuyese a la segunda el privilegio del cupo del que ya disfruta la primera. Sería buena cosa, por eso, que cuando el PSOE propone una reforma constitucional para acomodar a Cataluña (ya el verbo es pintoresco) nos dijera si habla de lo segundo o lo primero.
Y es que el problema de fondo de cualquier reforma de la Constitución es el de si, después de haberla culminado, ha mejorado o ha empeorado el consenso respecto de la misma.
Ninguno de los grandes y graves problemas que tenemos en España, salvo el territorial, se solucionará mediante una reforma de la Constitución. Pero el ambiente político crispado en que vive nuestra clase política podría hacerse sencillamente insoportable si mañana nos embarcáramos en una reforma constitucional que, aun logrando el indispensable acuerdo del PSOE y el PP, dejase fuera a dos fuerzas esenciales -los comunistas y los nacionalistas catalanes- que apoyaron el consenso de 1978. Y viendo las posiciones en las que están hoy CiU e IU no soy capaz de imaginar una reforma que pudiera contentarlos a ellos y al PSOE y al PP. Ese, y no otro, es el auténtico problema.