El principio de quien contamina paga no es un invento de Sogama, ni de la Xunta, ni del Gobierno central. Es un precepto europeo que nos obliga a todos como productores de basura y que nos exige responsabilizarnos de su gestión a través del pago de las tasas correspondientes, cubriendo así un servicio básico y esencial para nuestra salud, bienestar y calidad de vida. Los ingresos que hasta ahora Sogama venía percibiendo por la venta de energía servían para que el canon a cobrar a los ayuntamientos por el tratamiento de los residuos se viese reducido, pues una parte de los costes de operación a asumir por la empresa se sufragaban en buena medida con esta partida. Pero la reciente reforma energética en el sector eléctrico nos ha abocado a tomar una decisión difícil, aunque absolutamente necesaria para asegurar la viabilidad de la sociedad y que esta siga cumpliendo con su función pública. Somos conscientes de que la subida de tasas, y más en los tiempos que corren, constituye una medida impopular que muchos manejan a su antojo para cargar las tintas contra un modelo, Sogama, que ha demostrado ser el único viable en Galicia, y prueba de ello son los reconocimientos que, de forma permanente, ha recibido de la Comisión Europea, quien ha destacado sus beneficios ambientales, económicos y sociales para nuestra comunidad autónoma. Los últimos acontecimientos han desmontado por completo la creencia, por supuesto equivocada, de que Sogama era un gran negocio para sus accionistas. No solo no es un negocio, sino que en el contexto actual se ha visto obligada a poner en marcha un plan de viabilidad a varios años vista de cara a garantizar su autofinanciación y equilibrio económico, toda vez que no puede recibir subvenciones de la Xunta. Y precisamente los beneficios previstos para los años 2014 y 2015 se contemplan en el marco de este plan, previendo asumir la merma de ingresos a los que en el 2016 debe enfrentarse cuando sus instalaciones cumplan 15 años y cuando en el 2018 venza la deuda contraída con los bancos. La empresa solo procedió al reparto de los dividendos correspondientes a los años 2006 y 2007, etapa de gobierno del bipartito. ¿Se contemplaba entonces como un negocio?