Quien contamina no paga

Albino Prada
Albino Prada CELTAS CORTOS

OPINIÓN

20 nov 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

Para el caso del transporte marítimo de hidrocarburos el lector debe saber que en la actual legislación -europea y española- sobre el particular los responsables de la carga (armador, asegurador, fletador, etc.) no tienen que pagar todos los daños causados y que si acaso lo harán por una cifra tope de responsabilidad. Antes del Prestige el tope estaba en menos de doscientos millones, que después se subió a novecientos millones. En cualquier caso son cifras muy por debajo de las que reclamaba la Fiscalía del Estado como daños causados (en torno a cuatro mil millones).

Ahora que a muchos se les llena la boca con los conceptos de responsabilidad civil y de que quien contamina debe pagar, se hace necesario recordar que esto no era así antes del Prestige, pero, y es especialmente grave, que en las nuevas leyes de responsabilidad ambiental, aprobadas en la Unión Europea y en España después de aquel siniestro vertido, se excluyó el transporte marítimo de hidrocarburos de la aplicación estricta del principio de quien contamina paga. Hablamos de casos en los que no se demuestre responsabilidad penal (por ejemplo que el capitán se encontrase borracho o algo similar).

Las citadas normas son la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, y la Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental para España. En ambas se excluye el transporte de hidrocarburos del principio general de que quien contamina paga (art. 4 apartado 2 de la directiva y art. 3.5a de la citada ley). Desconozco si algún diputado (al Parlamento Europeo o al Congreso) de los dos partidos que se turnan en el Gobierno de España votó en contra de esas normas. Me gustaría equivocarme, pues de lo contrario debo suponer que nuestros legisladores se amoldaron a lo que prefieren los operadores petroleros: limitar sus responsabilidades civiles a las cifras que citaba al comienzo. Lo que aquí no se hizo fue justo lo que sí se hizo en EE.?UU. después del Exxon Valdez en su Oil Pollution Act (1990). Con excelentes resultados, como demuestra la ausencia de nuevos casos de grandes vertidos por transporte de hidrocarburos en aquellas costas.

Porque más allá de lo que se recupere de los gastos y daños colectivos que genera una de estas catástrofes, el sistema que aquí se prorrogó en los años 2004 y 2007 implica que los grandes beneficiarios son los armadores y los operadores del mercado (petroleras y distribuidoras) que así pueden asegurar sus navíos con una ITV de papel, tripulaciones subestándar y planes de navegación de alto riesgo.

La póliza y el flete serán unos miles de euros más baratos. Todos ellos ganan. Pero todos nosotros perdemos. Porque su asegurador y su póliza no le harán tomar las precauciones que le exigirían si tuviese que pagar todos los daños que puede causar. Sin topes. Como sucede en los Estados Unidos.