Los presupuestos consolidados de la comunidad autónoma gallega para el ejercicio 2014, pendientes todavía de tramitación parlamentaria, ascienden a 10.281 millones de euros. Sobre estos recursos interesa hacer consideraciones relevantes -por respeto a la inteligencia del ciudadano- ante la avalancha de piropos y de cuestionamientos que el proceso presupuestario introduce, confundiendo más que aclarando el conocimiento de las políticas efectivas que se pretenden hacer con el dinero del contribuyente.
En este sentido resaltaremos ahora algunas cuestiones que, a nuestro juicio, ofrecen notable interés económico y político. Así, en primer lugar, interesa destacar que el déficit del presupuesto inicial para el ejercicio 2014 (636 millones de euros) es superior al déficit inicial registrado en el 2013 (496 millones). Porque si el Gobierno dice que trabaja para reducir el déficit presupuestario y ese déficit aumenta, algo debe de estar funcionando mal.
En segundo lugar, conviene resaltar que todos los capítulos del presupuesto de gastos que ahora se debate disminuyen con respecto a las cifras del presupuesto anterior, menos las que se contabilizan en el capítulo 3 (intereses de la deuda) y en el capítulo 9 (amortización de la deuda). En principio hablamos de una carga financiera de la deuda acumulada (intereses más amortización), que suma por vez primera en un ejercicio la abrumadora cifra de 2.102 millones de euros. De este modo, el presupuesto autonómico es ya un poderoso instrumento redistributivo. Pagan los ciudadanos (con más impuestos y menor gasto) y engordan los señores del dinero vía mercados financieros.
En tercer lugar, interesa subrayar el ritmo acelerado de una deuda autonómica incesante. A finales del 2008, la deuda acumulada era de 3.954 millones (6,8 % del PIB gallego). Pero seis años después (2014) esa deuda sumará 10.154 millones de euros (18,2 % del PIB), al finalizar el ejercicio. Y eso sin contabilizar la deuda de las empresas públicas y la deuda con empresas privadas por contratos de colaboración público-privada, que no computa en la UE, pero existe y la pagamos entre todos. En cuarto lugar, conviene recordar que disminuyendo el consumo (-54 millones) y las inversiones autonómicas (-102 millones), en el contexto de una economía deteriorada, no habrá avances significativos en el empleo del próximo ejercicio. Finalmente, estaría la distribución de las cargas fiscales que protagoniza nuestro singular sistema tributario. Un problema que cuantifica la Agencia Tributaria, que silencian todos los Gobiernos y que soportamos, con paciencia infinita, la inmensa mayoría de los ciudadanos contribuyentes. Un problema de dimensiones insospechadas que trataremos de explicar en un próximo artículo.