Quizá no les haya pasado desapercibido el reportaje Recortes en la sanidad, publicado en este periódico, analizando la jubilación, en 9 meses, del 3 % de los médicos del Sergas, acompañado de las impresiones diferenciadas de tres médicos jubilados. Lo maravilloso ha sido su secuela: al día siguiente el Sergas pretendió justificar la jubilación obligatoria (salvo excepciones, claro) a los 65 años. Para ello acudía a un argumento para la excepción -déficit de especialistas-, a una información objetiva sobre las previsiones de pérdidas de facultativos por esta medida (740 en cuatro años), y a la distribución de facultativos en mayores y menores de 50 años, corte de edad sin repercusión en los costes sanitarios.
Pero el argumento central, y ominoso, era el absentismo por edades, como si su control no fuera responsabilidad de los gerentes, y confundiendo el justificado e injustificado. Añadiendo luego la exención de guardias una vez cumplidos 55 años, y su incidencia en los costes de la sanidad. Sé que es pedir demasiado en el país de la oscuridad, pero molesta toda argumentación que se justifica en el desprestigio de los perjudicados, para ensombrecer las realidades de deficientes políticas y malas gestiones.
Que la asistencia sanitaria, como otros derechos, ha entrado en una grave crisis, es cierto. Que precisa de una inexcusable reforma, nadie lo niega. Que alcance también a la gestión de sus recursos humanos es evidente. Porque esta asistencia supone más del 30 % del gasto público, porque los cambios en las transferencias de la sanidad a las comunidades autónomas, eliminando el carácter finalista de los fondos transferidos, ponen en peligro el derecho a una asistencia igual para todos los españoles, independientemente de la comunidad donde vivan.
Acompañado de la inmadurez con la que se han abordado diferentes ensayos de gestión, emulando el sistema de Cataluña antes paradigmático, y hoy evidente desmadre. Con fundaciones sanitarias de ida y vuelta, empresas públicas de régimen privado de finalidad cambiante, una poco reflexionada implantación de hospitales comarcales y su dotación asistencial, una cara gestión de servicios centrales sanitarios, o la externalización de servicios no sanitarios, avanzando alegremente a la privatización de lo público, y el Informe de la Comisión Abril, 21 años después, sin leer. Todo ello acompañado de un elefantiásico crecimiento del sistema de gestión y sus gestores. Donde no hay uno malo.
Pero la más grave des-política sanitaria es su gestión de los recursos humanos, con la precarización del empleo (15 años sin convocar plazas, y un cúmulo de figuras contractuales que sonrojarían a cualquier patrono anterior al papa León XIII), o la fidelización por libre designación de los jefes. En un silencio profesional y ciudadano, retumbante.