T odos los políticos son iguales. Esta afirmación, que puede escucharse a todas horas, revela hasta dónde ha llegado el grado de desafección de la ciudadanía hacia sus representantes. Pero no por extendida es más cierta. Todo lo contrario: ni todos los políticos son iguales, ni todas las políticas tienen el mismo impacto en el bienestar de los ciudadanos. Un ejemplo palmario es la política de pensiones.
Durante el anterior Gobierno socialista se produjo la mayor subida de las pensiones de la democracia: la pensión media subió un 40 % y la mínima lo hizo casi un 50 %, lo que se tradujo en una ganancia de poder adquisitivo de 19 y 27 puntos, respectivamente. En ese tiempo, Galicia salió más beneficiada que la media, pues al crecer la pensión media por encima del conjunto de España esto se tradujo en una transferencia de renta cercana a los 500 millones de euros adicionales a los 1.800 millones que le habrían correspondido de haber subido en línea con el resto. En cuanto a las pensiones mínimas, los recursos destinados durante el período socialista a complementar las pensiones de los 250.000 gallegos que perciben estas retribuciones alcanzaron los 4.300 millones de euros. Esos son los hechos.
Con el retorno del Partido Popular al Gobierno, la situación ha dado un vuelco. No solo porque el Gobierno de Rajoy ya les haya hecho perder un 2 % de poder adquisitivo el año pasado, unos 350 euros por persona, al no revalorizar las pensiones. No solo porque el Gobierno de Rajoy haya vuelto a las andadas con la financiación de las pensiones mínimas reduciendo en el 2012 el presupuesto destinado a las mismas, algo que no se recordaba desde los tiempos de Aznar, tal y como acredita el Informe Económico-Financiero de la Seguridad Social.
Sobre todo, porque con la reforma del sistema emprendida de forma unilateral por el Gobierno, los pensionistas enfrentan a partir de ahora lo peor de la crisis. Para empezar, el año próximo, cada pensionista gallego dejará de ingresar unos 170 euros debido a la aplicación de la nueva fórmula ideada por el Gobierno para recortar las pensiones públicas.
Pero lo peor está por venir. En los próximos nueve años, los pensionistas gallegos dejarán de ingresar más de 5.000 millones de euros por la decisión unilateral del Gobierno. Más de 7.000 euros de recorte por persona. Es decir, una reforma dirigida a adelgazar el sistema público de pensiones, para engordar el negocio privado.
Y si esto es injusto en lo general, lo es doblemente en una comunidad con las pensiones más bajas de toda España y en la que, tal y como revelaba este periódico hace unos días, 135.000 personas cobran menos de 350 euros y 475.000 no alcanzan el salario mínimo interprofesional. Son esas personas, muchas de las cuales tienen que hacer todo tipo de equilibrios para sostener a hijos y nietos en paro, quienes más sufren los embates del Gobierno contra sus pensiones. Al igual que son esas personas quienes más padecen la subida de la luz -más de un 20 % desde que gobierna el PP-, el encarecimiento de los productos más básicos por el incremento del IVA, el repago de los medicamentos o el copago de la farmacia hospitalaria, una decisión tan ineficaz como desalmada y que el Gobierno de la Xunta ha decidido aplicar sin miramientos.
Esas personas sí saben cuál es la diferencia entre un Gobierno que incrementó su poder adquisitivo un 27 % y un Gobierno que se lo va a recortar un 20 %. Por eso, a la luz de los datos, aquel que quiera pronunciar afirmaciones como la que inicia este artículo haría bien en pensárselo dos veces.