Curiosa proporción la que se da en el gobierno compostelano. De sus trece miembros, diez se encuentran imputados. Al margen que como jurista debo aclarar que nada más lejos de la realidad que toda imputación acabe en condena, cuando menos muy estético no queda. Tal vez la cúpula del PPdeG debiera tomar cartas en el asunto, y mandar motoristas con cartas de despido a los citados concejales. En contra de lo que los diez presuntos inocentes (nunca olvidemos esto) alegan, no se trata de ninguna persecución política. Que no se crean el ombligo del mundo. Son hechos denunciados por un particular, a los que la Fiscalía y el juez instructor otorgan una mínima credibilidad. Hasta ahora solo eso. Soy enemigo acérrimo de la estadística, pero he de reconocer que con semejantes cifras tal vez merezca la pena repasar aquello de la moda, la media y la mediana. Son un 77 % de los ediles populares los que están siendo investigados, y eso es una barbaridad. Lo menos malo para ellos es que se les imputa por un delito de prevaricación. Por no sé que extraña razón a las autoridades o funcionarios públicos que prevariquen se les condenará con inhabilitación por tiempo de siete a diez años, y no con pena de prisión. Y eso, qué quieren que les diga, da cierto sosiego.