Con independencia de que nos guste o no, y de que todos prefiramos el gratis total a la responsabilidad que implica la financiación de los servicios, el copago es, en cualquiera de sus formas, una política sanitaria, y tanto para imponerlo como para eximirnos de él es necesario tener competencia en la materia, adoptar la decisión en forma conveniente, y facilitar los trámites y controles que su ejercicio conlleva. Y eso es tanto como decir que cada vez que un alcalde facilita el incumplimiento de la norma, y establece excepciones parciales a la misma, está prevaricando, y cada vez que está destinando fondos a esa maniobra, que en modo alguno le compete, está malversando los recursos públicos. Así que, primera advertencia: ándense con tino y piénsenlo dos veces antes de ejercer la demagogia a caño abierto, porque alguno puede acabar directamente en el juzgado.
En un país serio y avanzado nadie debería atreverse a desafiar públicamente ni el poder ni la norma sin sufrir las consecuencias, porque no es fácil que los ciudadanos entiendan en qué consiste la democracia y el Estado de derecho si mientras se aprueba la Lomce hay comunidades autónomas que prometen no aplicarla ni acatarla, y mientras se impone el copago desde la autoridad competente hay alcaldes atabanados que, prevaliéndose de recursos destinados a otros menesteres, hacen su propia política sanitaria al margen de toda norma y de toda autoridad. Y si tal cosa pasa, y puede quedar sin sanción, solo se debe a que los jueces también viven la crisis como salvadores de la humanidad, y, en vez de escudriñar la legalidad de los actos y decisiones políticas, establecen lo que les parece bueno o malo, humano o inhumano, justo e injusto, hasta cambiar el control de legalidad por el buenismo populista. En vez de cumplir estrictamente su función, se ponen a gobernar para el pueblo, que es lo que ni deben ni saben hacer, y lo que debe estar vetado a cualquiera que no esté legitimado para ello ni tenga responsabilidad en la dotación presupuestaria que implica cualquier medida política.
El mejor ejemplo de esta trasposición de funciones fue el invento y la disparatada aplicación de la doctrina Parot, que en vez de castigar a los terroristas de acuerdo con la ley los castigaba a la medida de la opinión pública y de las demandas de las asociaciones de víctimas, adulando con ello los instintos sociales y manoseando la ley hasta donde ni Franco se atrevió. Por eso sería bueno que no aprovechásemos la crisis para pervertir las funciones propias de la democracia, o para confundir el uso y función de los tres poderes, y acabar aplicando nuestras competencias a obras de caridad y misericordia. Porque si el desorden es el principio de la injusticia, la crisis empieza a ser el paraguas que abriga y hace impune cualquier desorden.