S iempre hay que valorar positivamente cualquier clase de acuerdo, como el firmado recientemente por el Ministerio de Sanidad y los representantes de las profesiones sanitarias. Sin embargo, una mirada con perspectiva a los numerosos acuerdos suscritos en el pasado y protagonizados por Ejecutivos, Legislativos, partidos, agentes sociales y profesionales, aconseja rebajar el calificativo de histórico tan del gusto del márketing político. Se ha pactado mucho y se ha hecho muy poco y como resultado de ello el sistema se tambalea. A la luz de la experiencia podría afirmarse que no se precisan más pronunciamientos, ni leyes, decretos o reglamentos. Existe un problema de valores, que no se resuelve por más que algunos términos como transparencia, responsabilidad, liderazgo, etc., aparezcan por escrito, y una carencia de realidades prácticas. Cinematográficamente podría decirse que el guion ha sido escrito y reescrito en multitud de ocasiones pero nadie ha gritado «¡Acción!» o al menos no hay quien se haya dado por aludido (a).
Las Administraciones no han interiorizado lo que significa autonomía en el contexto de la actividad médica y quizá, con la mejor voluntad, se obstinan en regularla con toda suerte de cautelas hasta difuminarla por completo. A algunos profesionales (y directivos) parece que les viene grande y prefieren evitar los riesgos inherentes a la responsabilidad asociada a un mayor grado de libertad. Todos hablan de transparencia, pero se tasa para evitar mayores problemas. Finalmente, no hay manera de entender y aceptar la independencia, condición ineludible para que los intereses políticos y también los corporativos queden desterrados de la práctica asistencial.
¿Cómo se consigue trasladar la teoría a un cambio real? Con voluntad y firme convencimiento, algo que parece sencillo pero ya se ve que no lo es. ¿Puede así garantizarse la sostenibilidad del sistema? Desde luego, aunque no será por arte de magia sino legitimando decisiones sobre la asistencia que debe prestarse, estableciendo prioridades y evitando desequilibrios.
A estas alturas, pactos, los imprescindibles; normas, las justas. Si el sistema sanitario público abrazara con naturalidad y decisión valores promotores de transformaciones radicales, como autonomía, transparencia, independencia en la evaluación, responsabilidad y permanente rendición de cuentas, podríamos hablar verdaderamente de un cambio histórico. No queda sino plantearse esto en serio o seguir languideciendo entre manifestaciones de autocomplacencia.