El proyecto de reforma de la Administración local tiene su justificación, según el Gobierno, en el principio de: «una Administración, una competencia», pero para su determinación copia la división por tramos de población de la ley de 1950, y para el establecimiento del catálogo, el de 1985, aunque con notables y preocupantes ausencias, como si en todos estos años los ayuntamientos no hubieran evolucionado ni fueran los responsables del actual estado del bienestar de sus vecinos. Y las competencias que quedan fuera de ese catálogo pasan a un limbo porque, aunque se supone que serán asumidas por las comunidades, todos sabemos que su nivel de endeudamiento y déficit lo hará de imposible cumplimiento.
Y en base a ese principio se está repitiendo una máxima que no es cierta: «la supresión de la duplicidad de competencias», cuando este proyecto de ley no le pone remedio a esta situación porque tampoco existen en el ámbito que dice. Siguiendo con el criterio del texto que mezcla los conceptos de competencias y servicios, decir que excepto en grandes municipios y para casos concretos, en todos los demás aquello que no sea prestado por el ayuntamiento no lo es por ninguna otra Administración. ¿Entonces dónde está esa duplicidad?. Pues en un ámbito distinto al que se refiere el Gobierno: la mayoría de los servicios son prestados por casi la totalidad de los ayuntamientos, repitiéndose entre los limítrofes o muy cercanos de forma que el gasto es grande y la eficacia reducida al haber gran fragmentación en los usuarios. Y esto no se corrige con la reforma proyectada, mientras que parecería de sentido común que varios ayuntamientos cercanos concentraran esos servicios de igual forma que sus destinatarios, con un ahorro que podría destinarse a la implantación de otros nuevos o a mejorar los existentes, así como una mayor optimización de los recursos públicos al destinar menos dinero por usuario para conseguir, incluso, una mejor prestación.
Propongo elaborar dos mapas: uno de servicios, con los que prestan cada ayuntamiento (quizás habría que haber empezado por aquí para saber de qué se está hablando) y otro de planta, delimitando unos ámbitos territoriales que incluyan ayuntamientos a 15 o 20 minutos respecto al de referencia, que sería la cabecera de comarca, y en caso de lejanía, el de mayor nivel de servicios. Así comprobaremos cuántos servicios se están duplicando innecesaria e injustificadamente dentro de un mismo ámbito territorial y con ello establecer los mecanismos de corrección, pero siempre manteniendo el espíritu municipal y no, como se pretende, de alejamiento hasta los despachos de las diputaciones o al irrealizable mundo de las comunidades autónomas.
Con ello conseguiríamos mantener e incluso ampliar el Estado de bienestar, al contrario de lo que va a resultar de la aplicación práctica de la reforma, cumpliendo con la ley de estabilidad presupuestaria. Y pondríamos unas bases sólidas para un proceso de fusión de ayuntamientos a acometer en plazo razonable de forma natural y no traumática, homologándonos a nuestros socios europeos, y no como con el sistema de incentivos previsto que no va a ir más allá de situaciones anecdóticas, habiendo fracasado en otros países, como Francia, donde ya se intentó sin ningún éxito.
Alejandro de Diego Gómez es Secretario de Administración Local en el Concello de Avión