Cinco colegios católicos gallegos volverán a recibir el curso que viene dinero de la Xunta a pesar de que defienden que los niños y las niñas aprenden mejor cuando no pueden ni olerse y entre el pupitre de unos y la pizarra de las otras debe mediar al menos una alambrada de espinos. Para defender la segregación apelan a teorías pedagógicas varias, que lo mismo valdrían para evitar la convivencia en las aulas de chisposos y tarugos. Cualquiera que haya olfateado el lado más primitivo de esta religión sabe que los ortodoxos sospechan de los sexos en cuanto los bebés superan la fase oral y la pulsión libidinal alcanza los bordes del ombligo. La controversia legal es ahora la tal secesión genital, pero si no fuera este un país de cobardías alguien se atrevería a reclamar en serio que con los impuestos de todos, esos que ahora no llegan ni para pipas, quizás no debería financiarse un sistema educativo que promueve la religión católica como la única. Sorprende que muchos de los que consideran letal que un niño de Badajoz aprenda matemáticas en gallego excuse los irrebatibles privilegios que la iglesia de Roma sigue conservando en la escuela, también en la pública, en donde condicionan el programa de estudios de todo el alumnado, seleccionan con criterios opacos a un profesorado al que no pagan y obligan a miles de estudiantes a perder horas lectivas contando gambusinos para que los inscritos en religión católica no sufran una discriminación pedagógica que sus padres y el sistema han provocado. La decisión de la Xunta es la espuma de una marea que nadie se ha atrevido a contener, incluida parte de esa progresía a quienes ahora escandaliza la financiación pública de los chicos con los chicos.