No hay derecho a que un país tenga que estar sometido a las estrategias de un señor llamado Bárcenas. Y mucho menos hay derecho a que, por la lentitud de la Justicia, esa tortura tenga que durar los años que Dios quiera (que suelen ser muchos) hasta que llegue el juicio. El chantaje que practica este señor condiciona la vida pública, limita el debate sobre los grandes asuntos nacionales, extiende porquería sobre instituciones y empresas y ensucia al partido que gobierna la nación. Sus principales portavoces no consiguen hablar de otra cosa que no sea Bárcenas. Lo que se publica de sus ruedas de prensa es lo referente a Bárcenas. Su imagen exterior está manchada por Bárcenas. Y el presidente Rajoy, cuya inteligencia no vamos a descubrir ahora, ofrece una penosa impresión: donde se cree ocurrente por su forma de escabullirse está creando la sensación de que, en efecto, tiene algo que ocultar.
En ese panorama, la posible corrupción del PP, sus cobros de dinero a cambio de obras y concesiones, los pagos opacos de sobresueldos y otros hechos delictivos ya parecen una cuestión de fe: los adversarios les dan credibilidad, los militantes la niegan y los neutrales dudan. El director de un diario publica un artículo que reproduce las confidencias del preso, y parece que no hay más material informativo en este país. Los defensores del preso renuncian a seguir llevando su defensa, y la opinión se divide en dos: quienes creen que Bárcenas se hizo insoportable para sus propios letrados y quienes sospechan que estos no se quieren enfrentar al poderío del PP.
¿Cómo se sale de esta, si los portavoces del PP tienen tan limitada su credibilidad? ¿Con una Dolores de Cospedal que califica todo como falso y «un disparate monumental»? Ya es insuficiente, a pesar de su contundencia, igual que fue insuficiente todo cuanto hasta ahora se vino diciendo, y la falsedad persiste en los medios con envidiable salud. ¿Con un fiscal anticorrupción que anuncia que pedirá que Bárcenas vuelva a declarar ante el juez? Está bien. Es lo menos que puede hacer un fiscal, que debería actuar de oficio, en vez de esperar la petición de Izquierda Unida, como si hubiese que arrancar del poder político o judicial ese tipo de iniciativas.
El PP, en esta sucesión de acusaciones, solo puede hacer lo que haría cualquier ciudadano acusado de cosas tan graves: presentarse al juzgado de guardia y poner una querella, no contra el mensajero, sino contra Bárcenas. Es ya el único modo de convencer a este país de su inocencia. Menos palabras y más responsabilidad ante la Justicia. Mientras no haga eso, siempre nos quedará la duda. Es decir, la sospecha. Es decir, la impresión de que Bárcenas quizá diga la verdad.