En las últimas décadas, Europa ha ido perdiendo peso en el mercado de la construcción naval en favor fundamentalmente de algunos países asiáticos. Pero aún queda pastel que repartir -sobre todo en buques y artefactos off shore de alto valor tecnológico- y la guerra por conseguirlo es cruenta. España tiene capacidad, instalaciones, conocimientos y mano de obra cualificada para optar a una parte de ese mercado, que pese a lo que se auguraba no está muerto. Pero lo que no tiene, por lo que se constata de nuevo, es peso político para defender nuestra posición en el concierto comunitario. Grupos de presión europeos -y en especial los holandeses- han ganado la partida en los despachos de Bruselas.
El adelanto hecho ayer por Almunia, comisario de la Competencia, sobre el tax-lease y la previsible obligación de devolver ayudas fiscales para la construcción de buques es un capítulo más en el proceso de demolición del sector en España. Y de forma particularmente clamorosa en Galicia. La decisión -que se conocerá oficialmente en unos días- supone la firma del acta de defunción de los astilleros privados, pero también es una dificultad añadida a los públicos, que podrían entrar en los mercados civiles si lograsen acudir a ellos en condiciones de financiación razonables.
En la práctica, la resolución sobre el tax-lease vendría a ser una nueva forma de veto a la industria naval gallega. Como el que se impuso hasta el 2015 a la antigua Astano cuando se diseñaron unas durísimas condiciones para la reconversión industrial. Entonces comenzó un proceso de desmantelamiento del naval gallego que puede estar entrando en la fase terminal.