Hace ya bastantes años, el alcalde de un concello del norte de Galicia hizo, sin licencia municipal, unas obras de ampliación de su pequeño negocio. Cuando la oposición lo denunció, un redactor de este periódico preguntó al regidor sobre el asunto. «¿Qué va a pasar ahora?», inquirió el periodista. «Tendré que denunciarme», respondió el alcalde con un laconismo en apariencia ingenuo que, en realidad, escondía la bravuconada de quien se siente intocable.
Era la década de los ochenta. La democracia era joven y se abrigaba la esperanza de que la corrupción hubiese quedado sepultada bajo la losa del Valle de los Caídos. Como mucho, quedaban vestigios en forma de pequeñas triquiñuelas para, aprovechándose del cargo, ahorrarse unos duros que total no se le robaban a nadie... eran para las arcas del ayuntamiento. Pero no tardaría en aparecer Juan Guerra, el hermano del vicepresidente que se forraba desde un despacho oficial en Sevilla, y el tesorero Naseiro, y los convenios urbanísticos que financiaron campañas, y la connivencia de políticos y personajes de dudosa reputación. Y nunca pasaba nada.
Los pegajosos lodos en los que seguimos metidos vienen de allí. De la sensación de impunidad que fue envolviendo a cuantos tocaron poder a lo largo de los años. Porque de otro modo no se entiende que, uno tras otro, acaben apareciendo casos que el buen sentido invita a pensar que será el último. Pero cuando uno se cree intocable e impermeable al juicio del público acepta trajes como regalo, gasta millones en confeti para un cumpleaños o hace turismo en compañía de amistades nada recomendables. O cosas peores.