Ante la imputación de la infanta Cristina caben al menos tres actitudes. Primera, afirmar que la Justicia está cercando a la familia real y se acerca peligrosamente al núcleo de la Corona. Segunda, aprovechar la noticia para hacer lo que hace la parte más republicana de la izquierda: someter a revisión el sistema monárquico, los comportamientos de sus personas fundamentales o, como crítica menor, poner en solfa la transparencia de la institución y la responsabilidad de sus miembros. Y tercera, deslindar la penosa situación de la infanta y separarla de los valores de esta monarquía, de la persona del rey y, en la misma línea, salvar al príncipe de Asturias, que es el auténtico protagonista de la continuidad dinástica. Todos los demás personajes del drama son secundarios.
La posición personal de este cronista es la última de las tres: separar a la infanta. Si al final tiene que ser procesada, que lo sea; pero ella no es la monarquía. Solo es una parte de la familia real. Entiendo que por un matrimonio equivocado, por la mala fortuna de dar con un codicioso aprovechado como Urdangarin, o por la complicidad de una infanta con sus reprobables actos, no se puede poner en riesgo la estabilidad política del país ni la solidez del sistema. Tal como está España, solo nos faltaba una crisis de régimen para provocar el desastre total. Y una crisis de régimen no es solamente cambiarlo, sino someterlo a una fuerte erosión.
Dicho eso, la imputación de la infanta tiene aspectos menos negativos. Demuestra, por una parte, la independencia de un juez que no se ha detenido en linajes ni en rangos y solo se ha dejado influir por las evidencias procesales. Se ha vuelto a comprobar que cuando hay voluntad judicial, vivimos en un país donde es cierta la igualdad ante la ley. Por otra, no parece que la Corona haya hecho uso de sus poderes para frenar o desviar la instrucción, lo cual dice mucho de su actitud de respeto, aunque sea doliente, hacia el funcionamiento del Estado de derecho. Supongo que eso también hay que valorarlo.
¿Y ahora qué? Pues ahora, a esperar el recurso del fiscal, si lo presenta, y esperar, sobre todo, el desenlace de la declaración de la infanta. Estamos en lo de siempre: imputar no es condenar; ni siquiera procesar. Por el momento ha funcionado la lógica que estaba aplicando la intuición popular: resultaba improbable que la esposa de Urdangarin no estuviera al corriente de sus acciones o del aprovechamiento de su cargo para enriquecerse, y resultaba improbable que no diera su consentimiento como directiva del Instituto Nóos. Y no nos engañemos: a partir de este hecho y de cuantos le preceden, los tiros del republicanismo durmiente empezarán a apuntar al rey.