Si el fiscal general lo fuera del Estado y no del Gobierno, la infanta Cristina estaría imputada hace meses. Pero como a Rajoy no le interesa que los pilares de la monarquía comiencen a temblar, se produce tamaño fraude procesal. Una vez que el juez instructor del caso Nóos se ha caído del guindo, y se muestra decidido a imputar a Cristina de Borbón, la Fiscalía Anticorrupción se opone alegando que no hay indicios sólidos de que la duquesa de Palma haya colaborado con su marido en la comisión de delito alguno. ¿Es que desde la Moncloa pretenden que nos creamos que no se ha llevado a cabo una llamadita al fiscal jefe con instrucciones concretas al respecto? Si la esposa de Urdangarin no fuera quien es, estaría imputada en el cien por ciento de los casos. Todo ello con independencia de que ulteriormente fuese absuelta, caso de celebrarse juicio. Es lo malo que tiene que al fiscal general lo nombre el Gobierno. Que por muy imparcial que pretenda ser siempre resulta un apéndice del mismo. Dos serían las soluciones para acabar con esta vergonzosa situación. Llamar a las cosas por su nombre y acuñar el término de Fiscalía General del Gobierno. O eliminar de un plumazo el artículo 14 de la Constitución. Ese tan ingenuo que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley.