El ministro Montoro, en el penoso peregrinar por la senda de repartir dolor que el Gobierno asumió como misión inexcusable en estos momentos de estrechez extrema, va camino de no contentar ni a los suyos. Es lo que tiene agarrar el toro por los cuernos y tomar las decisiones que pueden rescatar al país del abismo, dirá. Lo malo es si, además de incomodar a unos y otros, las medidas lo dejan todo como estaba. O peor.
Las soluciones para sanear y racionalizar los costes de la Administración local propuestas por el mismo ministro que, con una desfachatez provocadora, dijo que la ocupación en los astilleros gallegos es francamente alta, tienen una indiscutible virtud: han puesto de acuerdo a alcaldes y concejales de todos los colores. Aunque quizás no a todos por los mismos motivos. A los ciudadanos les preocupa cómo se paga con los impuestos a sus representantes en los ayuntamientos, y está bien que se establezcan unos criterios que eviten la discrecionalidad y que contribuyan a terminar con el demagógico discurso de que los políticos no deben cobrar por su trabajo.
El problema es que la propuesta de Montoro, que por ejemplo deja sin retribución a los alcaldes de concejos de menos de mil habitantes, no entra con la audacia que requieren los tiempos en el fondo de la cuestión. Si esas pequeñas entidades de población no generan recursos para retribuir a sus cargos públicos, ¿no será que no tienen razón de ser? Tampoco se aprovecha la situación para abordar la reforma pendiente de la estructura del Estado, y en lugar de iniciar el proceso para desmontar las diputaciones, las refuerza. Mala puntería.