La amnistía fiscal del Gobierno fue un guantazo en pleno rostro de los ciudadanos que pagan sus impuestos. Una medida radicalmente injusta, que enseñó su verdadero rostro cuando supimos que Bárcenas se había acogido a la misma a través de una sociedad. Si la comisión rogatoria no hubiera descubierto sus 22 millones en Suiza nadie se habría enterado y el extesorero habría blanqueado su fortuna sin ningún problema. Para contrarrestar el fracaso de la amnistía, no solo ético sino también recaudatorio, Montoro primero y ayer Rajoy anuncian que se están estudiando cambios legales para publicar la lista negra de los grandes defraudadores. Habrá que ver si no se queda en una promesa incumplida más para salir del atolladero. No casa nada poner en marcha un coladero para legalizar el fraude y una iniciativa para combatirlo.