La corporación municipal de Covelo (Pontevedra) intenta evitar que con la posible supresión en su territorio de la oficina de Novagalicia se queden sin la única oficina bancaria del ayuntamiento. Está por ver lo que pasará, pero el sector privado no tiene las ataduras del público y actuará de acuerdo con sus intereses, fundamentalmente económicos. Me temo que municipios de ese porte corren el riesgo de perder otros servicios no condicionados por la política, en tanto la Administración central ha demorado ya varias veces su proyecto para la Administración local, uno de cuyos objetivos debería ser integrar municipios para evitar gastos que los nuevos tiempos dan como innecesarios. Adelantándose a lo que pueda venir, y a las previsibles adaptaciones autonómicas de la ley nacional que se apruebe, la Xunta ya prepara apoyos económicos para la fusión de servicios municipales, incentivándolas con una mejora de las subvenciones.
Aunque no son pocos los políticos que nos aseguran que los órganos que gobiernan procuran incorporar criterios de empresa privada -ahí están las innumerables privatizaciones de servicios municipales-, lo cierto es que la inmensa mayoría no dan un paso sin tener un ojo en las urnas. Saben que en el caso de los ayuntamientos el problema identitario es un escollo considerable y por eso le dan vueltas y más vueltas a la nueva legislación prometida, a la espera de un remedio milagroso. Quizá al final la cruda realidad se imponga y sea la iniciativa privada la que elimine prestaciones o no cree otras nuevas en municipios que por su masa de población no resulten rentables.