Felipe González, Aznar, Zapatero y ahora también Rajoy. Desde hace treinta años, todos los Gobiernos han consentido un statu quo con Europa que, en aras de los indudables intereses que España tenía en juego, han acabado por perjudicar gravemente a Galicia en muchos sentidos. Y de la misma forma que nos estamos despojando de otros complejos y tabúes forjados en los delicados años de la transición, tal vez haya llegado también el momento de perder el miedo a decir que hay víctimas del fuego amigo.
De la misma manera que se hizo con la agricultura y la pesca -sectores necesitados en su día de modernización-, el naval de Galicia fue y sigue siendo moneda de cambio en las relaciones comunitarias. España ha permitido, desde la segunda mitad de los ochenta y hasta ahora mismo, que se veten las capacidades de desarrollo de la construcción de barcos, una actividad para la que Galicia está especialmente bien dotada. Y lo han vuelto a hacer. Esta misma semana, la dirección de Navantia, propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a su vez dependiente orgánicamente del Ministerio de Hacienda, ha apelado a la presunta negativa de la Unión Europea para negarse a construir en la ría de Ferrol un dique flotante. Una herramienta que, además de dar trabajo a 900 operarios durante dos años en la fabricación, permitiría a Galicia mantenerse en la vanguardia mundial de la reparación de barcos.
Hay acuerdos -incluso secretos- que están vetando la supervivencia de una comarca con una tasa de paro cercana al 30 %. La UE no puede seguir siendo el parapeto de decisiones perniciosas para Ferrolterra.