¿Creen ustedes que tiene lógica -económica y política- que para vender un producto o un servicio en toda España haya que obtener certificados de seguridad o salubridad en cada una de sus autonomías? ¿O que un fontanero o un pintor tengan que registrarse como profesionales en todas en las que deseen trabajar? ¿Es normal que las comunidades exijan para autorizar a una empresa a operar en su territorio que sus empleados hayan recibido en ellas cursos de formación profesional? ¿No tienen todas estas restricciones, y otras del estilo, un tufo medieval? ¿O es que no fue en la Edad Media cuando gremios, territorios (señoriales, eclesiales o reales) y ciudades fijaron restricciones al libre ejercicio de un oficio o a la circulación de bienes y personas?
La creación de los mercados nacionales -que evitaron las hambrunas en unas zonas del país por falta de alimentos mientras en otras los campesinos se arruinaban porque la gran calidad de sus cosechas hundía los precios al no haber un mercado que permitiera mover la mercancías- supuso un paso de gigante en la creación de los modernos Estados nacionales y en el aumento de la calidad de vida general.
De hecho, solo quienes nada saben del asunto consideran una perversión capitalista que la unidad de Europa comenzará con un mercado común (la CEE nacida en Roma en 1957), germen de lo que andando el tiempo acabará por ser el proyecto de unión territorial más ambicioso de todos los habidos en el mundo desde la creación en 1787 de los Estados Unidos. Y es que, según lo demuestra la historia, no hay comunidad política posible sin un espacio económico común.
Es curioso, sin embargo, que ese proceso de traslación de competencias estatales hacia arriba (hacia la CEE primero y la UE en la actualidad), por virtud del cual se unificaban normas y trámites y crecía la libre circulación de mercancías y personas por Europa, haya ido acompañado en España de un proceso de traslación de competencias hacia abajo, que se traducía en todo lo contrario: en reponer entre autonomías las trabas y barreras que se suprimían entre Estados. Y pueden creerme que sé de lo que hablo, porque durante veinticinco años he participado en la elaboración del informe más respetado de los que se hacen en España sobre el funcionamiento del Estado de las autonomías.
El Gobierno se ha propuesto ahora acabar con este insensato renacimiento medieval (me perdonarán el oxímoron) mediante la aprobación de una ley de unidad de mercado que permita hacer en España lo que ya hacemos en Europa. Aunque mucho me temo que los mismos que aplauden la unidad económica de Europa (CiU, PNV y, ¡ay!, los propios socialistas) criticarán con gruesa munición este intento de poner orden en el caos medievalizante que sufrimos. Esperen y verán.