«M ontesquieu ha muerto», dicen que dijo un día Alfonso Guerra, cuando el triunfo de su tándem con Felipe auguraba un eterno Gobierno socialista. Fue el predominio que entonces ejerció el ejecutivo sobre los demás poderes del Estado -predominio que el transcurso del tiempo iba a acrecentar- el que llevó probablemente al sevillano a decretar el deceso del filósofo francés, cuyo espíritu seguirá vivo, sin embargo, cuando de Guerra no se acuerden ni siquiera sus bisnietos.
Y es que Montesquieu -reputado, con buenos motivos, padre de la separación de los poderes, base de cualquier Estado democrático- no ha muerto en realidad, sino que se ve obligado constantemente a pasar por duras pruebas. Hoy en España, por ejemplo, vive en una gran agitación, tal que si estuviera -pobrecito, ¡a sus 324 años!, cumplidos este viernes- bailando el chachachá.
Que en nuestro país los Gobiernos meten las narices en lo que atañe a las Cortes es bien sabido, como que unos y otras se cuelan a su gusto en las estancias del poder judicial y su consejo de gobierno. Pues bien, por si todo ello fuera poco, y no tuviera ya a Montesquieu con su empolvada peluca hecha unos zorros de tanta reviravuelta y tanto salto, comienza a ser preocupante la tendencia de los jueces a meterse en donde no les corresponde, ocupando un espacio que está fuera del que les reserva nuestra ley fundamental.
Hace tres días el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha suspendió cautelarmente una orden de la Consejería de Sanidad que cerraba el servicio nocturno en 21 de los 182 puntos de atención continuada que existen en la comunidad. No discutiré el derecho del tribunal a adoptar esa medida, pues las órdenes gubernamentales están sujetas a control jurisdiccional, pero sí creo muy de destacar que tal suspensión ha de estar legalmente muy bien fundamentada, como, ¡ya no digamos!, la eventual declaración de ilegalidad del cierre decretado.
Y es que la función de gobernar -adoptando medidas políticas que, como tales, deben ser controladas y enjuiciadas- no corresponde a los jueces sino a quien, por haber ganado las elecciones, tiene conferida por el pueblo esa responsabilidad. La cuestión no es aquí cuanto gusten o disgusten las medidas que un Gobierno, acertada o erradamente, puede adoptar contra la crisis. La cuestión es que resulta inadmisible que la lucha contra ellas la asuma quien no tiene tal función, aunque ese exceso se produzca en medio del aplauso general.
La crisis económica es muy grave, pero de ella saldremos antes o después. Sería terrible que lo hiciéramos no solo con nuestra economía desvastada, sino también con nuestro sistema político puesto por completo del revés, porque volverlo del derecho nos costaría mucho más que echar a andar de nuevo la economía nacional.