Nada sabía yo del angustioso caso de David hasta que Fernanda Tabarés quiso que Vía V, el programa que presenta y dirige en V Televisión, convirtiera la petición de indulto del joven vigués en una de las muchas causas justas que defiende un espacio televisivo cuyo compromiso con los débiles -no lo duden- acabará por crear escuela.
Como muchos jóvenes, y no tan jóvenes, que cayeron, y siguen cayendo, en el infierno de las drogas, David Reboredo fue condenado por tráfico (menos de un gramo, repite su padre una y otra vez) a una pena de siete años de prisión, algo realmente desproporcionado para quien, como otros tantos, trapichean más que trafican, con la finalidad de poder mantener así el consumo al que están enganchados como quien lo estuviera al mismo fuego del infierno.
Pero entre el momento de la condena y el de incorporarse David a prisión en cumplimiento de la sentencia dictada contra él iba a ocurrir lo que, por fortuna, acontece tantas veces: que el antiguo toxicómano se había desenganchado, había rehecho su vida y la entrada en la cárcel no sería para él más que un riesgo evidente de volver a recaer en su antigua dependencia.
El caso de David, como otros que se le parecen, constituye el mejor ejemplo que cabe imaginar para justificar la institución del indulto, esa posibilidad que la Constitución ha puesto en manos del Gobierno para que perdone una pena cuando existen buenos motivos para pensar que la aplicación de la ley (dura lex sed lex: la ley es dura, pero es la ley) no produce el efecto de justicia que el derecho debe perseguir.
Y es que David Reboredo no debe ser indultado porque la cantidad de droga con la que trapicheó fuera ridícula, o porque la única y auténtica víctima de su delito fuera él, aunque ambos sean elementos que deben favorecer la concesión del indulto que ha pedido. Tampoco ese indulto debe llegar porque se haya producido una avalancha de solidaridad con el penado, por más que esa solidaridad haya facilitado que su caso sea conocido. No, David debe ser indultado porque el indulto existe justamente para hacer justicia en aquellos casos en los que, como el suyo, aquella no se deriva de la aplicación implacable de la ley sino del perdón que concede quien posee la facultad legal para otorgarlo.
El de David es un caso tan de libro que siempre que, desde hace años, explico a mis alumnos la institución del indulto lo hago ejemplificando con un supuesto teórico idéntico al que nuestro paisano está sufriendo.
Como saben mis lectores, no suelo yo titular mis artículos con proclamas más propias de pancartas. Pero seguro que esos mismos lectores entenderán que en este caso haga una excepción y gritarán conmigo, todos a una: ¡Indulto ya para David! Eso, y no menos, es lo que exige la justicia.