Cuando el pensamiento neoliberal necesita justificar la desigualdad, el abuso o sus intereses más prosaicos, recurre sin pudor al eufemismo y al engaño. Así, el eufemismo tributario, tan utilizado y enriquecido en nuestro país, no deja de ser un recurso manejado de forma prolija por los gobernantes. Y no hablamos de la «regulación tributaria» utilizada por Montoro para explicar su amnistía fiscal a tanto delincuente de cuello blanco, ni tampoco de la «necesaria compensación de la estructura impositiva», manejada por De Guindos, para advertirnos con elegancia que los tiempos de la subida del IVA han llegado, sin conocer por ahora cuándo terminarán. No, no me refiero a esas cosas. Hoy comentaré eufemismos que soporta la sanidad pública para dulcificar su ruina. O sea, trataremos de tasas, copagos y precios públicos.
Si Núñez Feijoo dice que «las personas con más renta han de acostumbrase a aportar más a la financiación de los servicios públicos por la vía de la tasa, cuando utilizan esos servicios, no por la vía del IRPF», ¿qué está diciendo realmente? Lo explicaré utilizando la sanidad pública. Porque nuestra sanidad pública es un sistema nacional de salud, no un sistema de seguridad social. Y eso obliga a financiarla con impuestos generales, no con cotizaciones ni con tasas, ni con precios públicos. El patrón distributivo de las cargas fiscales en la sanidad dependerá de la capacidad que tenga el sistema tributario para repartir los impuestos con justicia, en función de la capacidad económica de los contribuyentes. Y si los impuestos fallan porque el fraude es elevado (como así sucede), la financiación sanitaria será injusta, como lo será también la financiación educativa, de infraestructuras y de seguridad ciudadana. Pero la solución del problema no es financiar la sanidad, la educación o la seguridad ciudadana con tasas y copagos en función de la renta, ya que así el defraudador se beneficia en el IRPF y en la tasa, mientras al cumplidor con Hacienda le sucede lo contrario. Ignorar el fraude tributario es siempre pecado mortal.
Pero hay más argumentos al respecto. La privatización de la sanidad pública necesita tasas y copagos como el aire. Si su financiación es capitativa (la empresa cobra por población asignada al hospital), los beneficios dependen de la habilidad para reducir costes, circunstancia que explica los menores salarios y la extensión del trabajo, desplazar enfermos costosos a hospitales públicos, convencer al gobernante para introducir tasas y copagos en prótesis, medicamentos, hostelería, transporte, etcétera, que pagan los enfermos o, en última instancia, exigir un rescate. Y a todo ello le llaman eficiencia. Y por eso el negocio sanitario entusiasma tanto al neoliberal.