Todos somos iguales. Lo dice la Constitución que nos dimos y que ahí sigue, a pesar de que la pobre está ya en las últimas. Por ella sabemos que aquí el que no se ajusta a la legalidad, termina pagándolo. Y que los tramposos no tienen cabida en esta sociedad tan ejemplar. Algunos tramposos. Por ejemplo, todos sabemos los rayos y truenos que pueden acabar con un padre de familia al que se le ocurra chapucear mientras cobra el paro. Y los paraguazos que se puede llevar un pensionista si cobra por otro concepto. O un autónomo que traspapela una factura. Y así podríamos estar horas.
Aunque, claro, siempre hay excepciones. Por ejemplo, las de Rajoy, los ministros Báñez, Montoro, Ana Pastor y Jorge Fernández, entre otros servidores de lo público. Y Andreíta Fabra, que no se me olvide. O José Blanco, Caldera, Jáuregui y Madina, en el otro bando. Todos estos y otros 60 se embolsan 1.823,26 euros mensuales para gastos de alojamiento en Madrid cuando disponen de una vivienda en la capital (en algún caso, hasta cinco).
El diccionario define estas actitudes como fraude, estafa, ratería, pillaje, malversación y apropiación indebida. Pero tratándose de quienes se trata vamos a considerarlo una dádiva por sus buenos servicios. Porque ya dice la Constitución que todos somos iguales.