A lo largo del tiempo fueron muy numerosos los sucesos escandalosos, cuando no delictivos, que surgieron en torno a Telefónica. Resulta difícil precisar cuál fue el que revistió mayor repercusión mediática; quizá, por razón del número de afectados, el de la opa sobre su filial Terra, en el 2003. Tradicionalmente, el mercado de valores español ha sido un campo ajeno a las personas desprovistas de conocimientos financieros. Fueron precisamente las acciones de Telefónica, las famosas Matildes, las más genuinas representantes de lo que vino a denominarse capitalismo popular. Esta situación motivó la necesidad promulgar una serie de medidas legislativas encaminadas a lograr la transparencia del sistema y la protección de los inversores. La deficiente legislación no logró impedir que se produjeran escándalos, siendo el más significativo el que ahora nos ocupa, la oferta pública de adquisición dirigida por Telefónica sobre la totalidad de las acciones de Terra a un precio un 50 % inferior al pagado, en su día, por los accionistas. Telefónica asumió la explotación de su banda ancha dejando sin ingresos ni futuro a Terra, lo que constituyó un claro ejemplo de competencia desleal, así como un posible delito de maquinación fraudulenta para alterar el precio de las cosas. Fruto de esta situación fueron numerosas las querellas presentadas, posteriormente desestimadas por los tribunales.
Otro grave escándalo fue el de las stock options (opciones sobre acciones), consistentes en la facultad, concedida por el consejo de administración de Telefónica a sus miembros, de adquirir un determinado número de acciones, durante un plazo prefijado y un precio concreto, sin contar con el consentimiento de la junta general, con menoscabo del derecho de suscripción preferente de los accionistas. Las aludidas opciones daban la posibilidad a sus titulares de manipular a su antojo la cotización de las acciones, con el fin de obtener el mayor beneficio posible. Como consecuencia de ello, tanto el presidente de Telefónica, Villalonga, como los demás ejecutivos de la compañía obtuvieron unos beneficios multimillonarios, concretamente en el ejercicio 1999, con la consiguiente repercusión económica, social y hasta política, llegando, incluso, a provocar un insuficiente cambio legislativo en la materia (la modificación de la Ley de Sociedades Anónimas y de la Ley de Mercado de Valores). En este caso, como en todos, los beneficiarios gozaron de la más absoluta impunidad. Sostengo que los accionistas afectados pueden, todavía, reclamar los perjuicios sufridos, ejercitando la acción de enriquecimiento injusto, cuyo plazo de prescripción es de 15 años, que todavía no han transcurrido.
El último gran error de Telefónica ha sido el nombramiento de Rodrigo Rato como asesor externo, después de su fracaso en la gestión de Bankia y de su salida, no explicada, del FMI. El favor que Alierta le devuelve a Rato por haberlo nombrado presidente de Telefónica, constituye un ejemplo del crony capitalism o «capitalismo de amiguetes». Ha quedado demostrado que no es un buen economista; es más, ni siguiera es economista, sino licenciado en Derecho; y doctorado en Economía Política, tras hacer un máster, cuando ya era ministro. El desafortunado nombramiento ocurre en el momento de mayor descrédito de la clase empresarial y política. Así nos luce el pelo.