¿Serán los cobradores de autopista los únicos autorizados a sancionar a los que se vayan sin pagar? ¿Autorizará el Gobierno a que hagan lo mismo los camareros con el cliente que huya sin pagar un café? ¿O al cobrador del bus al que se le escape un viajero sin rascarse el bolsillo? ¿O a la dependienta de la mercería de la que se fugue una clienta sin abonar los botones? ¿Investirá también, aunque sea temporalmente, del carácter de autoridad al panadero para reclamar con multa el pago de la barra si algún cliente se resiste? ¿Por qué solo a los que no quieren pagar el peaje? ¿Acaso comprometen la seguridad de los demás usuarios de la vía? ¿O hay alguna otra razón para proteger específicamente a los concesionarios de obras públicas que cobran peajes cada día más elevados por su uso y obtienen suculentos beneficios?