La lista anda por las redes sociales, siempre tan contaminadas, y por eso no siempre merecen crédito. Pero una asociación hasta ahora poco conocida, llamada Democracia Real Ya y que suena a movimiento de indignados, ha dado un paso más y presentó una querella en el Tribunal Supremo contra cinco miembros del Gobierno y cerca de sesenta diputados. ¿Motivo? Según esta asociación y la lista que anda por Internet, esos representantes del pueblo español cobran dietas parlamentarias de forma indebida. Se sabe que tienen vivienda en Madrid, viven habitualmente en Madrid según se puede acreditar, pero han sido elegidos por alguna provincia y cobran una ayuda, un sobresueldo para alojamiento, de 1.823 euros mensuales.
Me abstengo de reproducir los nombres de esos diputados y altos cargos públicos hasta que haya una imputación efectiva por parte del Tribunal Supremo, si es que la hay. De momento tienen derecho a la discreción sobre su identidad. No tengo, además, la formación jurídica necesaria para decidir por mi cuenta si esa anomalía ofrece indicios de delito. Pero me quedo con el hecho sustancial: es realmente cierto que hay diputados que, siendo residentes en la misma ciudad donde está el Congreso, perciben las retribuciones complementarias porque representan a otra circunscripción. Eso puede ser una vieja costumbre muy extendida entre sus señorías, y la costumbre hace ley. Pero es una anomalía como una catedral. Y, si se practica de forma masiva, una anomalía masiva. Es decir, un escándalo.
Para empezar, estamos ante un engaño sobre el lugar de residencia, y quien miente para ganar algo más de dinero, aunque solo sea un euro, está cometiendo un fraude, por muy ilustre que sea el autor. Y, para concluir, es un lamentable ejemplo para el resto de los contribuyentes. Hace unos días se aprobó una mísera subida del salario mínimo en la que se miró hasta el más mísero céntimo. Un poco antes se decidió una raquítica actualización de las pensiones, con cuidado exquisito de no pasarse ni medio céntimo porque lo requieren las cuentas públicas. Ahora mismo se está volviendo a aquilatar la concesión de una ayuda de 400 euros a parados de larga duración, y parece que se va a mirar con lupa a quién se la conceden, no sea que se arruinen las arcas del Estado.
Y ante ese panorama de control de las limosnas de los pobres, ¿nos quieren decir que se hace la vista gorda ante lo que cobran indebidamente el veinte por ciento de los diputados? ¿Los mismos que, además, viajan gratis, cobran otras dietas, reciben vales de taxis, les obsequian con un pack informático a principio de legislatura y encima practican el absentismo? No sé si será o no será delito. Pero es una desfachatez.