Por más que se empeñen los economistas, la reacción de eso que llamamos «los mercados» suele ser un arcano indescifrable. Pese a ello, cabría interpretar que lo bien que ha empezado el año para nuestra prima de riesgo y nuestra bolsa quizá tenga que ver no solo con la solución (relativa) del problema del precipicio fiscal en Norteamérica, sino también con que esos mismos mercados saben que en España queda ya muy poco margen para el ajuste de prestaciones públicas, derechos sociales y salarios.
Y es que ese ajuste ha sido en España tan acelerado desde la victoria de Rajoy y tan duro desde la transfiguración de Zapatero que, salvo quizá los neoliberales que querrían volver al capitalismo salvaje del siglo XIX, nadie en su sano juicio en el Gobierno puede creer que el mantenimiento de la paz social sea ya compatible con seguir apretando el corsé de copagos, rebajas salariales y reducción de prestaciones.
Por eso, culminado en lo esencial el recorte que ha afectado a la sociedad, debe ahora afrontarse el de la política, donde se han adoptado ya medidas relevantes (una rebaja muy severa de la financiación de los partidos, por ejemplo), pero donde queda por acometer la cuestión fundamental de la reforma del Estado.
El Gobierno ha anunciado que si no hay pacto para la reforma local procederá a aprobarla por decreto ley, posiblemente la única forma de romper las duras resistencias que proceden no solo del PSOE, sino también del Partido Popular.
Ahora bien, la verdad es que haríamos un pan como unas tortas si con tal reforma nos limitásemos a regular por ley los sueldos de alcaldes y concejales (algo, sin duda, indispensable), a reordenar el número de miembros de los ayuntamientos o a reformar el papel que juegan las diputaciones provinciales.
No hay más que mirar a nuestro alrededor (a Alemania o al Reino Unido, por ejemplo) para saber que la reforma local que necesitamos pasa por una drástica reducción del número disparatado de municipios que existen en España y por la supresión de unas diputaciones que solo sirven para repartir fondos públicos de forma clientelar. De hecho, si las reformas, casi meramente cosméticas, que el Gobierno se propone podrían suponer, según sus cálculos, un ahorro de 3.500 millones de euros, es fácil imaginar que esa cifra se multiplicaría varias veces si la reforma fuera todo lo profunda que resulta necesaria para una buena política y una buena economía.
Por eso, un Gobierno que ha demostrado estar dispuesto a repartir dolor entre los ciudadanos (Gallardón dixit) sin que le tiemble el pulso, no puede ahora acobardarse cuando se trata de acometer reformas que afectan no a quienes viven y trabajan en los sótanos sino a quienes disfrutan confortablemente de las comodidades de la planta principal.