Para Cefe, home de ben e vello amigo
Digámoslo con toda claridad: la primera bajada de sueldo a los empleados públicos -la decidida por Zapatero en el marco del ajuste que siguió a su irresponsable política de gasto- fue recibida con una indisimulada satisfacción por amplias capas de la opinión pública española. Y es que, excepción hecha de los directamente afectados -aunque no de todos, por extraño que pueda parecer-, muchos ciudadanos estaban convencidos de que darles leña a los funcionarios era una forma de luchar contra las que consideraban injustas ventajas de un colectivo percibido como privilegiado y abusón.
No hay más que leer las últimas encuestas para apreciar que en los dos años y medio transcurridos desde entonces se ha producido un cambio muy notable en esa percepción, de forma tal que lo que antes era un gran apoyo a las restricciones salariales que afectaban a varios millones de trabajadores, con sueldos medios y bajos en su inmensa mayoría, se ha transformado finalmente en una crítica rotunda hacia los Gobiernos que optan por añadir nuevas rebajas a las ya adoptadas por Zapatero y por Rajoy.
No creo, sin embargo, que ese evidente viraje en la forma de ver las cosas de tantos españoles tenga que ver directamente con que su opinión sobre nuestra maltratada función pública haya mejorado de forma sustancial. No, la gran mayoría de quienes antes aplaudían cuando se le reducía el sueldo a su vecino (policía local, médico, bombero o profesor) se indignan cuando ahora se vuelve a hacer lo mismo, no porque las rebajas salariales ya hayan sido varias, ni porque hayan comprendido que la estabilidad funcionarial no es un privilegio sino una garantía de la adecuada prestación de los servicios, ni, en fin, porque les cueste entender la razón que convierte en injusta la subida de un 1 % de la pensión de quien recibe 2.000 euros y en justa la bajada salarial en un 5 o 6 % de quien gana 2.000 euros.
Creo, muy por el contrario -y quiero decirlo sin rodeos- que muchísimos españoles han cambiado de opinión sobre la forma en que los poderes públicos tratan a los empleados de sus Administraciones porque han comenzado a sentir en sus propias carnes el efecto económico devastador que están teniendo sobre nuestra economía unas brutales rebajas salariales que afectan a más de tres millones de personas.
Basta con hablar estos días con taxistas, pequeños comerciantes, empleados de las grandes superficies y empresarios de los sectores más diversos para entender que sacar del mercado cuatro mil millones de euros -que es lo que ha supuesto la eliminación de la extra de Navidad- ha afectado en cadena a toda esa gente que ahora llora por lo mismo que antes daba palmas de alborozo.