Los sanitarios de Madrid están en pie de guerra contra la privatización de la gestión de hospitales públicos decretada por Ignacio González. Jueces, fiscales y abogados de todas las ideologías se unen por primera vez en una contundente denuncia de las tasas judiciales impuestas por Gallardón, pues consideran que atentan contra la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Profesores, alumnos y padres salen juntos a la calle para mostrar su rechazo frontal a la reforma de Wert. Protestas contra medidas que tienen un claro componente ideológico, más allá de que comporten recortes del gasto. Si algo ha quedado claro en este primer año del Gobierno de Rajoy es su nula capacidad de diálogo con los diferentes sectores sociales. Su respuesta, aplicada como si fuera una plantilla preestablecida, es tratar de desacreditar ante la opinión pública a quienes protestan. Descalifica a los jueces porque en realidad su enfado se debería a que les han quitado la paga y utilizan el tasazo como pretexto. Insinúa que los médicos hacen huelga para mantener sus privilegios, es decir, trabajar por la mañana en la pública y por la tarde en la privada. Y a los enseñantes los acusa de protestar porque se les obliga a trabajar más horas, no por lo que ven como un ataque a la enseñanza pública. La estrategia de demonizar a jueces, médicos y profesores, presentándolos como profesionales que solo defienden sus propios intereses y prebendas es peligrosa, demagógica y dañina. A los indignados se les pueden colgar las etiquetas de antisistema y perroflautas para desoír sus demandas, pero quienes imparten justicia, curan y enseñan son el corazón mismo del sistema.