Ya está. Ayer entraron en vigor las nuevas tasas judiciales impulsadas por Gallardón, se supone que en un paso más de la hoja de ruta que el Gobierno actual afirma que tiene para salir de la crisis y reformar la Administración pública, aunque hayan tenido que retrasar la puesta en práctica de la medida porque se les olvidó preparar los impresos.
Una hoja de ruta tan clara que no parece necesitar la opinión y el consenso de los profesionales de la Justicia, hasta el punto de que ayer mismo el fiscal general del Estado afirmaba que algunas de las nuevas tasas son excesivas y lamentaba que el Gobierno tan siquiera haya considerado conveniente consultar a los fiscales.
Tan claro lo tienen que tampoco parece pesar la opinión del Consejo General de la Abogacía, para el que las nuevas cuotas, que afectan por primera vez a las personas físicas, suponen enormes incrementos y determinan la imposibilidad práctica de acudir a la Justicia en casos de escasa cuantía. Y citan, entre otros gráficos ejemplos, el de un fontanero que trate de reclamar por el impago de una factura de 90 euros: tendría que pagar una tasa de 100.
Si la lógica nos lleva a aceptar que el Gobierno se limita a aplicar su hoja de ruta, y a no dudar de los datos aportados por fiscales, abogados y jueces, la desoladora conclusión es que el objetivo es recaudar y aligerar los juzgados por la rápida vía de que los ciudadanos con menor poder adquisitivo renuncien a defender lo que creen sus derechos.
Y eso, más que marcar una ruta para salir de la crisis o modernizar el Estado, supondría un nuevo paso para sustituir el concepto de ciudadano por el de súbdito.