Manoseado por instituciones, ciudadanos o partidos, el Estado de derecho es mucho más que esa cáscara vacía que lo mismo sirve para un descosido que sirve para un roto.
Lo más sorprendente es, sin embargo, que su constante invocación no tiene la utilidad que sería de esperar para evitar abusos por parte de quienes han de respetar el contenido de un principio esencial de toda sociedad civilizada: el de que los poderes públicos actúan sometidos a la ley y, lo que no es menos importante, el de que esa ley no puede dejarnos frente a ellos en situación de indefensión. Y ojo: lo primero sin lo segundo da lugar a las escandalosas inmunidades del poder en que muchas veces se traduce la llamada potestad de imperio del Estado.
Basta echar una ojeada a los periódicos para encontrar ejemplos de esas inmunidades increíbles, que nos convierten en ocasiones en meros súbditos más que en verdaderos ciudadanos: el mismo Estado (de derecho) que puede tener a varios cientos de profesores universitarios gallegos sin cobrar una parte de su salario durante meses (18 en muchos casos) y que lo pagará, ¡cuando lo pague!, sin abonar ni un euro en concepto de intereses de demora, cobra él unos intereses que en cualquier sitio se calificarían de usurarios cuando alguien se atrasa en sus pagos a las Administraciones públicas. ¡Que se lo cuenten a los farmacéuticos de Valencia o de Cataluña, que cobran tarde, mal y a rastras? y sin un euro de intereses!
Ahora bien, si las inmunidades del poder lesionan seriamente la idea del Estado de derecho, ¿qué cabe decir cuando un poder público viola la ley a bocajarro, desafiando el cumplimiento de normas que luego aplica a los ciudadanos con una extraordinaria rigidez? Pues cabe decir, como mínimo, que estamos en una monarquía bananera.
¿O es que puede calificarse de otro modo aquel país donde muchos ayuntamientos y algunas comunidades autónomas han decidido, siguiendo un criterio de política clientelar auténticamente inaceptable, que pagarán, a través de groseros subterfugios, la paga extraordinaria de Navidad que el Gobierno ha suprimido para todos los empleados públicos de España?
Me he manifestado con toda claridad, antes con Zapatero, y ahora con Rajoy, en contra de las rebajas salariales de los empleados públicos, que creo injustas y abusivas. Pero con la misma claridad he de decir que, una vez establecidas legalmente, el hecho de que un poder público decida no aplicarlas, pasándose la ley por el arco del triunfo con el único objeto de ganar apoyo electoral, da una idea cabal de lo que nos falta todavía para ser un Estado de derecho digno de tal nombre. Pues quien exige que le paguen las multas y te embarga en caso de impago no puede después, como si tal cosa, violar la ley flagrantemente y echar pecho tal que si fuera Robin Hood.