La Ley General de Educación de 1970 (LGE) se aplicó en España hasta 1980. No llegan los dedos de la mano para contar, en lo reciente, las reformas educativas que ha «sufrido» este país. La de Wert es la decimotercera: siete legislaron la educación obligatoria y cinco la reformaron. Un desatino acrecentado por las declaraciones, ora aquí ora allá, del ministro. La última: «Soy como el toro bravo, me crezco ante las dificultades». Un disparate.
Nos ponemos a discutir leyes educativas como si la educación fuese cuestión de ideologías y no de conocimientos, aptitudes y actitudes. Como si educar fuese cumplir dogmas de partido y no transmitir sabiduría, y modos, para que la sociedad y el ser humano progresen. Así nos va. Llegas a la universidad y no lees libros, escribes con faltas de ortografía, hablas con dificultad y piensas lo que otros piensan por ti. De Maravall a Wert, insisto, un disparate.
Precisamos una ley educativa de consenso: de todos. Que perdure, que abunde en los contenidos y no en la miseria de las ideologías. Que nos sirva para ser más libres y menos súbditos. Que haga del esfuerzo y del mérito y de la prudencia (esa virtud ajena a Wert) un rango moral. Creo que el día que Rajoy pensó que José Ignacio Wert podía ser ministro de Educación se equivocó. El toro ante las dificultades se crece, cierto, pero con el tiempo acaba en medio de la plaza: solo, agónico y estéril.