L a autonomía financiera de las administraciones públicas se fundamenta en una serie de capacidades que tienen los gobiernos para gestionar el presupuesto. Una de esas capacidades es poder aumentar o reducir los tributos (modificando tipos impositivos, alterando deducciones, creando o suprimiendo impuestos, etc.). Otra capacidad relevante, derivada de la anterior, es diseñar y explicitar un patrón distributivo de cargas fiscales sobre los contribuyentes. Finalmente, está la capacidad de los gobiernos para gastar estos recursos en los fines que estimen más oportunos. A la gestión transparente de estas tres capacidades políticas se le denomina responsabilidad fiscal. Los principios de autonomía financiera y responsabilidad fiscal son básicos para gestionar con eficiencia y disciplina los recursos.
Dicho esto, se puede afirmar que las diputaciones provinciales son administraciones con escasa responsabilidad fiscal. Y eso siempre es grave. Su capacidad para alterar los ingresos tributarios se reduce a tasas, contribuciones especiales y recargo sobre el IAE, careciendo de potestad normativa en la cesión del IRPF, IVA e Impuestos Espaciales. Los ingresos por transferencias tampoco se alteran, aunque unos se aplican con libertad y otros están condicionados. Por todo ello, la autonomía y responsabilidad fiscal de las diputaciones es ínfima y sus gobiernos parecen ser felices con tanta comodidad. Y si además no se vincula el ingreso al gasto en cada proceso presupuestario, aumenta la demanda (ilusión fiscal sobre la gratuidad de los servicios públicos), baja la disciplina y se propicia el clientelismo, el paternalismo político y la opacidad. La eficiencia decae, crece el agravio comparativo y el rubor es solo una fantasía.
¿Cómo responden las diputaciones gallegas al respecto? Si utilizamos las cifras liquidadas del ejercicio 2011, se percibe la crisis y los sesgos mencionados. Las diputaciones de A Coruña, Lugo y Pontevedra cerraron el ejercicio con déficit (118,7 millones en total). La Diputación de Lugo registra además ahorro neto negativo (- 10,4 millones). El gasto de personal en la Diputación de Ourense, expresado en euros per cápita, es superior al doble de la cifra media gallega; pero los gastos de capital apenas superan la mitad de esa cifra media. El reparto de subvenciones monetarias y en especie a municipios no es transparente. Su desconexión interesada con las subvenciones autonómicas afines, genera duplicidades e ineficiencias. Si el presupuesto no es instrumento de reproducción política, urge establecer fuertes medidas correctoras. Mantener las diputaciones en un Estado descentralizado, es obsolescencia infinita alimentada por favores y gracias que reciben los partidos que las gobiernan.