Si nadie lo remedia antes el próximo día 1 de enero los peajes de las autopistas se encarecerán el 3,1 % como mínimo. Se trataría de la cuarta subida del precio en 12 meses hasta acumular un incremento del 18 %. Un atraco a peaje armado que da continuidad a la sangría que los usuarios sufren desde hace una década: los peajes han subido un 50 %, el IPC lo ha hecho el 30 % y los salarios de la gente muchísimo menos. Lo más irritante es que la escalada de precios no se detiene ni en medio de esta durísima crisis que sufren los trabajadores y también muchas empresas.
Por eso no va con la empresa concesionaria de la principal autopista gallega, que sigue a lo mismo: a forrarse. Porque en el último año, en 2011 en medio de la crisis, Audasa ganó 75 millones de euros (más de 12.500 millones de pesetas), una cifra enorme en si misma pero que llega a la categoría de escalofriante cuando lo sumamos a los alcanzados desde 2006: en estos seis años ha ganado 510 millones de euros (más de 85.000 millones de pesetas).
Unos beneficios inaceptablemente altos en esta época de crisis que además no han sido utilizados, ni siquiera parcialmente, para invertir en ampliar la capacidad de la autopista, ni en los tramos con problemas de colapso. Ni en rebajar los peajes, porque la denominada gratuidad del tramo de A Barcala y en parte del de Rande, fue en realidad un cambio de pagador, porque la Xunta y el Ministerio de Fomento le pagan cerca de 9 millones de euros cada año a Audasa por la eliminación de estos peajes. En lo único que invierte la concesionaria es en automatizar el cobro y así seguir reduciendo la plantilla.
El dinero que gana a manos llenas la autopista se va al bolsillo de los accionistas, a los dueños de Audasa que se reparten como dividendos todos los beneficios generados sin dejar ni un euro para capitalizar la empresa, como se puede comprobar en las cuentas anuales disponibles en la web de la compañía. La única razón que puede explicar que una empresa pueda subir sus tarifas el 50 %, que gane tantísimo dinero a pesar de prestar un servicio caro y no siempre bueno, es que actúa en un marco de falta de competencia. Esto es, que estamos ante un monopolio.
Y eso es lo que es la AP-9, un monopolio, porque no existe una alternativa real para transitar por el recorrido que concentra la mayoría del tráfico interurbano de Galicia. Un monopolio que tiene tomados como rehenes a los usuarios, contando con la complicidad del poder político. Porque no se puede entender que en las dos ultimas décadas se hayan hecho centenares de kilómetros de autovías, de vías rápidas, de corredores, de circunvalaciones por toda la geografía del país, con la única excepción del eje atlántico. Justo donde más trafico hay, donde existe más demanda, donde se concentra la población y la actividad, justo ahí, no se invierte nada. Una sospechosa casualidad que obviamente beneficia a la concesionaría de la AP-9 y que debería ser explicada por el Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia.