No habrá actualización. Casi nueve millones de pensionistas se quedan sin la paga establecida por ley como compensación por la pérdida de poder adquisitivo. Las arcas públicas evitan así un desembolso de aproximadamente 1.900 millones de euros este año, otro tanto en el 2013 y lo mismo en cada uno de los años sucesivos. Cada pensionista pierde 210 euros este año e idéntica cantidad en cada uno de los próximos ejercicios, porque la cifra era consolidable a perpetuidad. Hasta el fallecimiento del beneficiario.
La mayoría de las críticas inciden en el incumplimiento de una promesa. Rajoy habría cruzado la última línea roja que se había marcado: no tocar las pensiones. En realidad hizo algo peor: violar el principio, tantas veces cacareado, de que las deudas hay que pagarlas. Ha decretado una quita y no pagará parte de la deuda contraída. Los acreedores, amparados en sus derechos por ley, no cobrarán. Se les hizo un adelanto, equivalente al 1 por ciento de su pensión, pero no cobrarán el 1,9 por ciento restante. La norma es modificada con carácter retroactivo. Por esa regla de tres, cualquier día de estos nos subirán la tarifa del IRPF que ya hemos abonado o reducirán el sueldo percibido por el funcionario hace años.
Es cierto que las finanzas de la Seguridad Social hacen aguas. Ni siquiera hay dinero suficiente en caja para pagar las pensiones de diciembre. El sistema ha comenzado a funcionar con el tanque de reserva. Con los ahorros acumulados desde finales del siglo pasado. El fallo de previsión del Gobierno, pese a la ventaja de perspectiva que le proporcionaba el retraso en la aprobación de los Presupuestos, resulta clamoroso.
Prometió a los pensionistas subirlos a un confortable autobús, que los alejaría de la congelación decretada por Rodríguez Zapatero, y emprendió viaje con el depósito semivacío. En agosto ya faltaba combustible y tuvo que acudir al fondo de las mutuas de accidentes. En septiembre se vio obligado a desprecintar la gasolinera de emergencia y repostar 3.000 millones de euros. Y ahora necesita un nuevo manguerazo de 3.500 millones -y otra modificación legal- para que los jubilados puedan comer el turrón navideño.
Pero el problema al que me refiero va más allá de su carácter financiero. Ni siquiera discuto que los perceptores de pensiones máximas deban sacrificarse en estos tiempos menesterosos. Al igual, por cierto, que los demás hijos de vecino, muchos de ellos con ingresos inferiores. Digo simplemente que era posible hacer las cosas bien. Cumplir el compromiso y actualizar las prestaciones como manda la ley.
Y si el modelo se demuestra financieramente insostenible, modificar la norma para ejercicios venideros. No hacer mangas y capirotes del mandato legal y tal vez -el Tribunal Constitucional tiene la palabra- saltarse la carta magna a la torera.