La crisis está poniendo en solfa el enfoque de derechos que venía configurando las políticas públicas en materia de discapacidad en los últimos 20 años, plasmado de manera paradigmática en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada por la ONU el 13 de diciembre del 2006 y vinculante para el Estado español en toda su extensión). El impacto de la crisis, evidente en toda la sociedad, está siendo brutal por lo que respecta a este ámbito, que partía ya de una situación de mayor vulnerabilidad. Un dato revelador es que comunidades autónomas (no es el caso de la gallega) y ayuntamientos adeudan al sector de la discapacidad más de 300 millones de euros en concepto de ayudas y pagos no atendidos, con demoras que llegan a los dos años en algunos casos.
Así las cosas, la ética y el derecho quedan absolutamente degradados. Pareciera que solo tenemos deberes respecto a las personas con discapacidad cuando nos sobran recursos, cuando es justo lo contrario: en el momento en el que debemos priorizar el gasto, ellas deben ser las primeras en recibir la atención de las estructuras políticas y sociales. El talante democrático de un país se mide, precisamente, con esta vara. La crisis amenaza con llevarse por delante el bien más preciado: nuestra conciencia.