No es solo el último incumplimiento del programa electoral más rápidamente convertido en papel mojado de nuestra historia reciente. Es que el propio presidente del Gobierno ha faltado a la palabra dada a los ciudadanos en pleno ejercicio de su cargo, y en el asunto más sensible. Hace solo dos meses y medio Rajoy aseguraba en la televisión pública que si había algo que no tocaría serían las pensiones. Después de tomar la decisión de no revalorizarlas se ha justificado diciendo que la realidad se lo ha impuesto. El argumento produce bochorno. ¿Esa realidad era diferente en septiembre? Claramente no. Ya podía preverse que la inflación estaría en torno al 2,9 % que marcó en noviembre. ¿Por qué no dijo o, al menos, dejó entrever entonces que no podría actualizarlas y perderían poder adquisitivo? ¿Por qué numerosos representantes del Gobierno repitieron uno tras otro, hasta el último momento, que se iban a revalorizar en cumplimiento de la ley? Es evidente. Había convocadas elecciones en Galicia, donde el PP se jugaba mucho, y en el País Vasco. Los votantes de esas dos comunidades, y también los catalanes, muchos de ellos pensionistas, acudieron a las urnas teniendo en cuenta esa falsa promesa. Una vez más los más vulnerables son sacrificados en el altar, la trituradora más bien, del cumplimiento del déficit público. Y se hace, de forma impúdica, cuando ya no hay elecciones en el horizonte próximo. Pero, eso sí, las diputaciones, por ejemplo, y otras mamandurrias, esas sí que no se tocan. Por no hablar de los miles de millones del rescate a los bancos que se perderán en el camino. El descrédito de los políticos, de unos más que otros, es galopante y hay razones sobradas para que así sea.