Es indudable que José Ignacio Wert y Alberto Ruiz-Gallardón han sido dos ministros castigados por la opinión pública en el escaso año de Gobierno Rajoy. Aparte casos puntuales como los inexplicables brotes verdes de Fátima Báñez. Son, sin duda, dos de los altos cargos de los que mejor conoce su trayectoria la ciudadanía, el exalcalde de Madrid por su larga vida política y Wert por su frecuente exposición a los medios como contertulio o experto sociólogo.
Cuando menos cabe como hipótesis que en las protestas contra los políticos hay una cuota de ideología entre los que se quejan y su víctima. En el caso de Wert, la permanente defensa de la doctrina liberal a ultranza puede ayudar a comprender que sus eventuales errores sean magnificados, pero no así en el supuesto de Gallardón, con fama, merecida o no, de hombre público fronterizo, capaz de tender puentes con otras opciones. Así las cosas se entiende menos su empecinamiento en el tasazo en la Justicia, que ha alineado contra él a todos los estamentos judiciales y no pocos extrajudiciales. Una sociedad castigada por innumerables recortes puede llegar a aceptar, aunque sea de mala gana, algunos de estos, pero no que se dé un hachazo al acceso a la Justicia, con lo que Gallardón ha perdido el apoyo a su reforma, pero también su condición de hombre puente, esta vez incapaz de dialogar.