No ha sido lo novedoso de la primera huelga ibérica, ni lo atractivo de las propuestas sindicales. Ni el discurso opaco, sumándose, de los socialistas. Ni la izquierda anticapitalista. Tampoco la coherencia del PP, que huye de cualquier movilización social que no sea defensa de lo que consideran amenaza de la identidad española o de principios religiosos.
Ni ha sido la irresponsabilidad de la ministra de Trabajo, identificada como Fátima Báñez, política de profesión, que luego de aprobar una reforma laboral que permite despidos masivos con la facilidad de firmar un papel sin costes, pide a empresa y sindicatos de Iberia «sensibilidad» en la aplicación de su ley, que todo lo permite. Ni siquiera Rajoy, que ayer, en Valencia, reconoce que «se empiezan a percibir los resultados de las políticas del Gobierno», lo que el presidente interpreta para bien y los huelguistas lo entendemos para mal.
En mi decisión tampoco fue determinante esa espesa red de privilegios, corrupción y corruptelas que explican la burbuja inmobiliaria, el descontrol del poder financiero lesivo para el país y los ciudadanos -lean a Mariano Guindal- y los Tamayazos madrileños, Gürtel expansivos e invasivos, ERE andaluces, Liceu e ITV catalanas, Campeón y Pokemon gallegos, que se extienden y enredan entre los políticos, las instituciones que gobiernan y los corruptos que corrompen (¿gratis?).
Ni siquiera, en este décimo aniversario de la tragedia y el destrozo en la gestión del Prestige, me animó a huelguear que un juicio incierto haya tardado diez años en iniciarse, por el proceloso mundo procesal y la insuficiencia judicial que padecemos, fruto de una mala gestión de lo público que hoy dicen que sobra.
Incluso comprendo a quienes no hicieron la huelga porque la vean inútil o se consideren incompatibles con aquellos que la convocan o apoyan, y comprendo a quienes su sensibilidad no les alcance para entender el drama de otros.
Pero en este país sometido, donde todo -desde la enfermedad, la educación, el trabajo y la vida o la muerte- se hace insoportablemente caro e inaccesible porque es negocio privado y no derecho ciudadano, me sentiría insolidario e indecente si no hiciera una huelga por tantos que no la pueden hacer: jóvenes en precario, hombres y mujeres que no pueden arriesgar ni un puesto de trabajo ni el jornal de un día, empresarios entrampados con créditos vencidos y no renovados, pensionistas con familias a sus costas, incontables parados y emigrantes forzosos. Una huelga inexcusable. Frente al poder financiero y a quienes desde el Gobierno se someten y anteponen sus intereses a nuestras necesidades. Las de los ciudadanos, cada vez más insumisos ante un poder de amenazas y resignación, sin capacidad de seducción.