Diez años más tarde y después de dedicar no poco tiempo a leer miles de páginas sobre mareas negras, y de escribir algunos cientos, observo que en el recordatorio de una década coinciden un macrojuicio, la reivindicación de la pasada dignidad de un país y la deseada amnesia por parte de los que tuvieron que manejar -es un decir- aquel desastre. Pero, desgraciadamente, no acabo de ver que coincida con un punto y aparte en las amenazas que navegan por uno de los más transitados corredores de los océanos del mundo.
Si se me permite la metáfora, esto es como si uno tuviese su casa pegada a una curva peligrosa de la carretera y le dijesen que no debe preocuparse porque ahora pusimos unos quitamiedos y tanto las ambulancias y Protección Civil como el camión grúa no tardarán más de diez minutos en llegar de forma organizada. No como la última vez.
Si yo viviese en esa casa de la curva de la carretera, que equivale a la costa gallega en las rutas atlánticas, lo que de verdad me debiera preocupar es que no circulasen por ella camiones cargados con mercancías peligrosas que no tuvieran todos sus daños -privados y colectivos- cubiertos por un seguro de accidentes. Y este es el caso del transporte marítimo de hidrocarburos. Aquí no rige el principio «quien contamina paga». Tanto en la directiva europea como en la ley española de responsabilidad ambiental (siendo presidente Zapatero) se excluyó explícitamente. Aunque debo decir que en una reunión en Vigo con científicos e investigadores del entonces máximo responsable del Partido Socialista hice esta consideración y ya me quedó claro el camino que no iba a tomar el candidato a presidente. Como así sucedió.
Porque los grandes beneficiarios de ese sistema son los armadores y los operadores del mercado (petroleras y distribuidoras) que así pueden asegurar navíos con la ITV de papel, tripulaciones subestándar y planes de navegación de alto riesgo. La póliza y el flete serán así unos miles de euros más baratos. Todos ganan. Y por eso cada día es menos frecuente encontrarse con un Erika o un Exxon Valdez (trabajando para Total Fina o para Exxon) y más frecuente uno de los muchos Prestige (con un laberinto de países en cada papel). Por eso, a diferencia de Alaska o de Francia, aquí el camionero que iba con un seguro a terceros como si llevase paquetería, conduciendo en una noche de temporal, como si pilotase un vehículo nuevo cuando llevaba una carraca, ese camionero no salpicará a sus contratantes. Las barreras se llaman OMI y Fidac.
Un papelón. No solo por lo que sucedió hace diez años sino porque eso significa que la ruleta rusa de los Prestige sigue viva y coleando. No, por cierto, en las rutas de navegación de EE.?UU., en las que rige el principio de quien contamina paga (todo y tenga o no culpa), con lo que son -allí sí- las aseguradoras y los contratantes los que se cuidan muy mucho de que no se les cuele un Prestige en la cartera de clientes. Pero por aquí seguiremos apechugando todos (ciudadanos y medio ambiente) con los riesgos que son negocio de unos pocos.