Una persona ha muerto, otra está hospitalizada y miles de niños expulsados de sus casas han aprendido de forma violenta el significado de la palabra desahucio. El drama es de tal magnitud que lo importante ahora no es si el Gobierno del PP comenzó a inflar la burbuja con su normativa urbanística, el del PSOE siguió hinchándola y no supo pincharla a tiempo o los bancos la alimentaron dando créditos excesivos sobre valoraciones infladas.
Lo esencial y urgente es frenar esa arma de destrucción personal y familiar masiva que son los desahucios. Hay indicios de que existe un amplio acuerdo social sobre esa necesidad. Los bancos aseguran que agotan todas las posibilidades de acuerdo y renegociación antes de quedarse con el piso. Los presidentes de las audiencias provinciales se muestran sensibilizados ante la creciente demanda de que la entrega de la vivienda extinga la deuda. El Poder Judicial tiene sobre la mesa un documentado informe que propone cambios en la regulación del desahucio, en vigor desde 1909 y extremadamente dura con el deudor. El PSOE -más vale tarde- ha presentado una proposición de ley para que no sigan produciéndose las dantescas escenas de expulsión.
Si tantos y tan destacados actores sociales están de acuerdo en que una normativa obsoleta incrementa las dimensiones del drama, pónganse de una vez a la tarea. No es de recibo que un asunto tan sangrante esté sobre la mesa del Poder Judicial un minuto más de lo imprescindible ni que el Congreso no alcance con la mayor urgencia un acuerdo para modificar una normativa obsoleta y proteger a los ciudadanos más débiles.