El trasvase de dinero desde los asalariados hacia las oligarquías financieras, vía presupuesto público, es en la actualidad incesante, creciente, obsceno. Los costes de la deuda estatal suman más de 38.000 millones de euros, a los que deben añadirse otros miles de millones que también registran las Administraciones autonómicas y locales. Para concentrar tanto dinero en un solo concepto presupuestario (intereses y comisiones de la deuda) hay que subir impuestos, reducir gastos y utilizar múltiples eufemismos para confundir esa dolorosa sobreimposición que soportan los salarios.
En efecto, los principales impuestos que recaen hoy sobre el salario pueden ordenarse en cuatro categorías distintas. La primera procede de la imposición real, visible, convencional: el IRPF (transformado ya en contumaz tributación salarial) y el IVA, que grava otra vez esa capacidad económica cuando el salario se destina al consumo. La segunda imposición es invisible, oculta, desorientadora. Una se origina con la inflación y la tarifa progresiva del IRPF. Si el salario se ajusta a la inflación y mantiene su capacidad adquisitiva, pero la tarifa permanece, esa capacidad económica puede soportar un gravamen superior. La otra procede de recortar el gasto público. Porque la austeridad y la reducción del gasto es también tributación oculta que grava de forma progresiva y dolorosa a la pobreza. Cuanto más pobre es la persona, más sufrimiento proporcionan los recortes en sanidad, educación o dependencia, pudiendo incluso alcanzar la exclusión. La tercera imposición sobre el salario es cínica y desvergonzada, al estar asociada a la amnistía fiscal. Porque el fraude tributario lo soportan siempre los contribuyentes honrados. Pagando más impuestos, recibiendo menos servicios o ambas cosas a la vez. Finalmente estaría el gran fraude tributario y la fuga de capitales. Su dimensión ronda los 300.000 millones de euros al año, pero sus efectos sobre el ahorro, la actividad productiva y los contribuyentes honrados es demoledora. Porque estos recursos se utilizan después para financiar los déficits públicos, exigiendo a su vez que suban los impuestos o recorten el gasto para garantizar así el pago de la deuda.
Por eso es crueldad extrema explicar la crisis afirmando que vivimos por encima de nuestras posibilidades. No es cierto. Somos millones de personas las que podemos decir bien alto que las causas del desaguisado no van con nosotros. Los mercados financieros globalizados, las grandes empresas constructoras, bancos y cajas, así como Gobiernos e instituciones de control financiero son los obligados a dar explicaciones. A los asalariados y al resto de la población. Que ya se rozan los límites de la indignación.