Un acreditado columnista y politólogo se preguntaba hace días desde su Torre vixía si era necesaria una mayoría absoluta en las elecciones del próximo día 21. Al pueblo corresponde, obviamente, dar la respuesta al emitir su voto. Los partidos políticos que a ellas se presentan tienen la suya. A que se haga realidad se afanan en el ejercicio de la legitimidad democrática que los ampara. Merecen reconocimiento de la ciudadanía en cuanto son «instrumento fundamental para la participación pública». Es claro, sin embargo, que no todos tienen las mismas posibilidades de tener representación parlamentaria y, desde luego, no en igual proporción, si atendemos a las encuestas. En principio, el campo de juego aparece acotado. En ese sentido, la alternativa más verosímil a la mayoría actual sería la conformada por socialistas, BNG y Alternativa Galega de Esquerda. En otras palabras, o mayoría absoluta del PP o una mayoría articulada por esas otras fuerzas.
Con absoluta conciencia, ya no sé si con acierto, mantuvimos en la Constitución el sistema proporcional que había sido fundamental para las primeras elecciones democráticas que defendí. Se trataba de abrir al máximo las posibilidades de representación. El sistema proporcional hace más difíciles las mayorías absolutas, pero no las impide, como ha demostrado la realidad. En definitiva, es el pueblo soberano quien las otorga. Es una solución política para un momento extraordinario, aunque no la única. Es cierto que la UCD de Adolfo Suárez no la tuvo en los años difíciles del comienzo democrático. Pero no lo es menos que el espíritu de consenso que se plasmó en la Constitución hoy no existe. En situaciones de esa naturaleza cabe la solución de un Gobierno de concentración, como ha ocurrido en Alemania. Hubiera sido posible después del infausto 23-F. Calvo Sotelo optó, en cambio, por uno de repetición que terminó con el descalabro de UCD. Que falta el clima para aquella solución lo manifiesta de un modo muy expresivo el «hai que paralos» de Anova.
No hace falta insistir en la situación extraordinaria en que nos encontramos. En todo el espectro partidario se reconoce que atravesamos una grave crisis económica. Desde los aspirantes a remplazar en la Xunta a los actuales titulares se habla de situación de urgencia, límite. Esa circunstancia impulsa a la participación y esa convicción, paradójicamente, rema en favor de una mayoría absoluta del PP. Puede motivarla la razón, más que el entusiasmo; el rechazo de la incertidumbre, cuando menos, de la alternativa que resultaría de la transacción de ofertas diversas. El voto de castigo, que funcionó en las últimas elecciones generales y autonómicas, sería ahora un desahogo irracional.
La mayoría absoluta permite una amplia capacidad de actuación del Gobierno. No le condiciona el apremio de una aritmética parlamentaria adversa, que no puede ignorar. Un depósito de tan grande confianza reclama la responsabilidad de una gestión que vaya más allá de lo ordinario.